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A menos de dos semanas de estar en el cargo, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, revocó una resolución que había dejado en firme el Gobierno Petro, en la que se había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, ubicada por fuera del Páramo de Santurbán.
Se trata de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. La decisión quedó consignada en la Resolución 1037 y responde, según la cartera ambiental, a la necesidad de corregir irregularidades identificadas en el trámite y de dar cumplimiento a un fallo de tutela del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.
Y es que el fallo ordenó reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana, y dejó sin efectos la consulta pública que se había adelantado, al identificar la posible vulneración de tres derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander.
El Ministerio señaló que la resolución revocada se expidió a menos de 24 horas de terminar el gobierno de Gustavo Petro, pese a que existía una tutela admitida en curso por posible vulneración de derechos y mientras estaba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, circunstancia que —según la entidad— suspendía legalmente la actuación administrativa.
Con la revocatoria, quedan sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca y el trámite regresa al punto en que debe garantizarse la participación de las comunidades, la transparencia de la actuación administrativa y el debido proceso.
El Ministerio anunció que adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección del área, y aclaró que la decisión no representa un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de proteger la microcuenca de La Baja.
Santurbán es fuente hídrica estratégica para más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander, y es considerado uno de los territorios fundamentales para la protección del agua y la biodiversidad del país.
La decisión generó el rechazo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que a través de su cuenta en X aseguraron que, a menos de un mes de posesionado, el Gobierno de Abelardo De La Espriella “empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán”.
El Comité cuestionó que, mientras el país enfrenta la emergencia por el reciente terremoto, el Ministerio de Ambiente y el ministro Fabio Arjona hayan aprovechado el momento para tumbar lo que calificaron como la primera resolución que prohibía el proyecto Soto Norte, de la multinacional minera Aris Mining, en Santurbán.
Según la organización, con esta decisión queda en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas. El Comité convocó a la ciudadanía a acompañar las acciones jurídicas y de movilización que emprenderá para defender el páramo, bajo la consigna de que “el agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden”.
En medio del debate ambiental, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), a través de su cuenta @usofrenteobrero, expresó su respaldo al Gobierno Nacional por priorizar la seguridad energética “fundamentada en el rigor técnico-científico” para desarrollar una industria minero-energética que calificó de responsable, sostenible y sustentable.
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Para la organización sindical, el gas natural es el energético estratégico de la transición energética, ya que su disponibilidad resulta clave para disminuir las emisiones de CO2. La USO insistió en que el abastecimiento energético del país es fundamental para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la economía nacional.
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