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Ponerle su firma y echarle la bendición a una bomba es el acto simbólico más reciente con el que el presidente Abelardo de la Espriella ha dejado claro que su política de seguridad es de mano dura, en momentos en los que los grupos ilegales adelantan una escalada terrorista en distintos lugares del país.
La imagen fue presentada este lunes por el propio jefe de Estado, en un video grabado en una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).
“Presidente, este es un mensaje que va a ser entregado con 460 kilos de democracia”, dijo uno de los oficiales de la FAC, mientras le mostraba una bomba que sería lanzada contra una guardia del frente 33 de las disidencias de las Farc, en Norte de Santander.
El mandatario agarró un marcador y en una de las caras del artefacto escribió: “Bienvenidos a la patria milagro”, seguido de su firma. Después, le echó la bendición.
Al amanecer del 9 de noviembre los militares ejecutaron la Operación Noah en un área campamentaria en zona rural del municipio de Tibú.
La bomba firmada por De la Espriella y otras más fueron lanzadas desde aviones Súper Tucano, matando a cuatro de los enemigos. Luego los comandos especiales del Ejército ingresaron al área, encontrando tres campamentos destruidos, que tenían la capacidad para albergar a unas 35 personas, y capturaron a seis sobrevivientes, entre ellos Jorge Luis Galvis Rodríguez (“Barba Chivo”), uno de los mandos medios del frente 33.
El protocolo para este bombardeo, el noveno durante su corto mandato, se une a otras demostraciones de rudeza, como grabarse caminando entre cadáveres embolsados de delincuentes, o dirigir operativos policiales con pistola al cinto y radio en mano, tal cual ocurrió en Cúcuta, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Los resultados incluyen más de 32.000 capturas y la firma de 156 extradiciones; sin embargo, esta ofensiva no ha frenado los atentados ni el accionar de los grupos terroristas más activos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC).
Por citar casos recientes, el sábado pasado el ELN atacó con drones un cantón militar en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, asesinando a tres soldados e hiriendo a 30 más.
El 4 de noviembre, el EMC detonó una volqueta-bomba cerca de la subestación de Policía de El Estrecho, en el municipio caucano de El Patía, matando a un civil. Ese mismo día destruyeron con explosivos parte del peaje de Mediacanoa en Yotoco, Valle.
A esto se suman los secuestros de tres agentes de la Dijín y una oficial de Inteligencia Militar en el Catatumbo, que ahora la guerrilla usa como escudos humanos ante los bombardeos; y la amenaza de atentados contra medios de comunicación en Bogotá, que obligó a la evacuación de la sede de Caracol Televisión el fin de semana.
Estas situaciones han puesto bajo la lupa la efectividad de la política de mano dura del Gobierno Nacional
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, ha dicho que los atentados son una retaliación de los criminales por la presión que la Fuerza Pública está ejerciendo contra ellos, luego de la fallida política de “paz total” del gobierno anterior, en la que se privilegiaron las mesas de diálogo.
De igual manera, lo que se observa es una continuidad en los ataques que se venían registrando desde el gobierno pasado, pues estas organizaciones, independientemente de quién gobierne, son anarquistas por naturaleza.
El experto en seguridad y defensa, Luis Saavedra, opina que esa mano dura “no está funcionando en este momento, pero no por falta de voluntad, porque la conducción política está y los militares sienten un respaldo que es evidente. Pero hoy los militares no tienen toda la capacidad para golpear a los objetivos de alto valor, porque por cuenta del desmantelamiento de Iván Velásquez, que fue más bien un agente liquidador que un ministro de Defensa, las Fuerzas Militares quedaron sin capacidades operativas óptimas”.
Agregó que “esto se traduce en que los helicópteros no están en total disposición, y son necesarios para una operación de alta complejidad. Creo que a finales de diciembre se podrían dar algunos resultados, pero antes es difícil. Por eso vemos al presidente capturando jíbaros, y no dando resultados contra los comandantes de grupos terroristas, como él quisiera”.
El intento de desmantelar el aparato de Inteligencia ha sido denunciado por el director de la Policía, general Alejandro Barrera, y el ministro Mora, quien se ha quejado porque la administración anterior no dejó el dinero para el escudo antidrones.
También ha quedado evidente en las auditorías a la Dirección Nacional de Inteligencia que esa entidad, esencial para la seguridad del Estado, fue usada como policía política contra opositores y fortín burocrático para repartir cargos a personal sin idoneidad.
No obstante, las cifras del MinDefensa, comparando los meses de agosto y septiembre de 2026, muestran algunos resultados del plan de choque ordenado por De la Espriella.
Los homicidios mermaron de 1.190 casos en agosto a 966 en septiembre; las masacres, de 30 a 23; los secuestros, de 42 a 24; el hurto a personas, de 23.158 a 19.621; y los actos terroristas, de 123 a 98.
También ha empezado a tomar forma la Coalición de las Américas contra los Carteles, liderada por EE.UU., que puso la mira en los máximos jefes del narcotráfico y el terrorismo en Colombia, aunque de momento no ha dado un golpe de alta relevancia.
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