Más de mil fuera del país: así van las deportaciones y expulsiones en el Gobierno De La Espriella

Las deportaciones y expulsiones de extranjeros siguen sumando operativos durante el Gobierno De La Espriella. La más reciente acción anunciada por el presidente involucró a 33 ciudadanos extranjeros en Barranquilla y Cartagena, a quienes las autoridades señalaron de acumular faltas que afectaban la convivencia y el orden público.

El balance de los primeros tres meses supera las mil personas retiradas del territorio nacional, de acuerdo con el recuento publicado por El Espectador. La cifra reúne deportaciones y expulsiones, por lo que no corresponde exclusivamente a una sola de esas medidas migratorias.

El punto de partida es el reporte oficial que la Presidencia presentó para el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de 2026: en ese lapso se realizaron 812 procedimientos de deportación y expulsión en diferentes zonas del país.

Las razones detrás de los procedimientos migratorios

De esos 812 casos, 462 estuvieron relacionados con seguridad nacional, orden público o requerimientos de autoridades extranjeras y de Interpol, según explicó el mandatario durante una declaración desde el Puente Internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela.

El presidente también informó que, durante el mismo periodo, se registraron 867 inadmisiones por distintas causales previstas en la legislación. Ese dato corresponde al rechazo de ingreso al país y es diferente del balance de personas que fueron deportadas o expulsadas.

Lea también: De La Espriella anuncia bombardeo y espera consolidar los resultados

El jefe de Estado sostuvo que ordenó a Migración Colombia revisar los requisitos de ingreso y las condiciones legales de permanencia en Colombia. Su instrucción también incluyó fortalecer las capacidades de las autoridades migratorias frente a los riesgos para la seguridad nacional.

«La política migratoria de mi Gobierno tiene un principio claro: Colombia recibe y protege a quienes ingresan legalmente y a quienes respetan nuestra legislación», afirmó el mandatario en el pronunciamiento divulgado por la Presidencia.

El nuevo operativo en la costa Caribe

En el anuncio más reciente, De La Espriella aseguró que los 33 extranjeros expulsados de Barranquilla y Cartagena acumulaban 152 medidas correctivas. Entre los comportamientos mencionados estuvieron el porte de armas blancas, las riñas, el consumo de estupefacientes y el irrespeto a la Fuerza Pública.

El mandatario destacó el trabajo conjunto de Migración Colombia, la Policía Nacional y otras dependencias de seguridad para llevar a cabo el procedimiento. Las medidas correctivas citadas en ese reporte son el antecedente informado por las autoridades para explicar la intervención sobre ese grupo.

Las nuevas operaciones se agregan al corte de finales de octubre y muestran la continuidad de los controles migratorios. Sin embargo, las cifras tienen fechas de corte distintas: el dato de 812 corresponde al balance oficial hasta el 29 de octubre, mientras que el recuento superior a mil incorpora acciones posteriores.

Lea también: Casa clandestina, micrófonos y un dron que no servía: el nuevo escándalo que sacude a la DNI

Deportaciones, expulsiones e inadmisiones no son lo mismo

Migración Colombia explica que las deportaciones están asociadas principalmente a irregularidades en el ingreso, la salida o la permanencia de extranjeros. Las expulsiones, por su parte, pueden responder a razones de seguridad nacional, orden público, requerimientos internacionales u órdenes judiciales, entre otras causales.

La inadmisión ocurre cuando la autoridad migratoria no permite que un extranjero ingrese al territorio nacional por incumplir los requisitos legales o por otras causales previstas. Por eso, las 867 inadmisiones mencionadas por la Presidencia no deben sumarse como si fueran deportaciones.

En su declaración en la frontera, el presidente también pidió más cooperación con Venezuela y otros países para intercambiar información y coordinar investigaciones. Señaló que los vínculos familiares y comerciales entre las comunidades fronterizas exigen un trabajo conjunto, sin sustituir las responsabilidades de las autoridades colombianas en su propio territorio.