Maduro es imputado en EE. UU. por narcoterrorismo y tráfico de drogas

La Fiscalía de Estados Unidos confirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue imputado por cargos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, dentro de un proceso judicial que se adelanta en tribunales federales de ese país.

Las acusaciones están radicadas en el Distrito Sur de Nueva York y hacen parte de una investigación iniciada en 2020 por autoridades estadounidenses, que vincula a Maduro con una presunta red criminal dedicada al envío de cocaína hacia territorio norteamericano.

Entre los cargos se incluyen la conspiración para importar estupefacientes, así como el uso y posesión de armas de guerra, en el marco de actividades relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses señalan que estos hechos estarían asociados al denominado “Cártel de los Soles”, una estructura que, según la Fiscalía, habría contado con la participación de altos funcionarios venezolanos.

La Fiscalía indicó que las imputaciones se sustentan en investigaciones adelantadas durante varios años por agencias federales y que el proceso continuará conforme a los procedimientos del sistema judicial estadounidense. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para la audiencia inicial ni para el inicio formal del juicio.

De acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos, los delitos por los que fue imputado Nicolás Maduro contemplan penas severas, que pueden ir desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de los cargos que prosperen y de las decisiones que adopte el tribunal durante el proceso judicial. Por ahora, no existe una condena definida, ya que el caso se encuentra en etapa de imputación.

Según información judicial disponible, el juicio podría implicar la presentación de pruebas sobre el tráfico de grandes cantidades de cocaína, así como la vinculación de Maduro y otros funcionarios con actividades de narcoterrorismo y uso de armamento pesado. El proceso incluye, además, la participación de testigos, documentación internacional y cooperación con agencias de otros países, como parte de la investigación de redes criminales transnacionales.

Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a los cargos anunciados por las autoridades de Estados Unidos. El caso continúa en desarrollo y es seguido por la comunidad internacional, dado que se trata de un proceso con implicaciones diplomáticas y legales significativas.