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Las investigaciones permitieron determinar que las propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de delitos de alto impacto, como el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios selectivos y desplazamiento forzado. Además, se estableció que los activos figuraban a nombre de familiares y personas de confianza de dos de los cabecillas de estas organizaciones delictivas, en un intento por ocultar el origen real del dinero y evadir el rastro de las autoridades.
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El operativo judicial abarcó un total de 15 inmuebles, entre los que se encuentran apartamentos, parqueaderos y un lote rural, distribuidos estratégicamente en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro en el oriente antioqueño, así como en la ciudad de Cartagena en departamento del Bolívar.
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