Las mejores propuestas

Por John Chica. Colaboración con Oriente Capital (@oriente.capital).

Las mejores propuestas económicas para Colombia definitivamente no llegaron al debate electoral de 2026. En parte porque el debate fue escaso en profundidad, fragmentado en redes sociales, y reducido casi siempre a frases de impacto antes que a argumentos sostenidos. En ese contexto, analizar los programas de los dos candidatos finalistas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, exige demasiada honestidad intelectual: hay algunas ideas interesantes en ambos, pero también vacíos importantes, promesas sin financiación y silencios convenientes sobre los problemas estructurales más difíciles del país.

De la Espriella construyó su propuesta económica sobre tres pilares: reducción drástica del Estado en una cuarta parte, rebajas tributarias y desregulación al sector empresarial y una meta de crecimiento del PIB del 7 % anual. La coherencia del discurso es atractiva, y algunos diagnósticos son correctos: Colombia tiene una carga burocrática excesiva, una tributación corporativa alta para los estándares regionales y una inversión privada que se ha visto frenada por la incertidumbre de los últimos años. Sin embargo, la meta del 7 % equivale a más del doble del promedio histórico del país, y el programa no explica con suficiente detalle cómo se logrará sin un boom de materias primas o una inversión pública robusta previa. El ajuste fiscal de 70 billones de pesos, por su parte, implicaría recortes significativos en el Sistema General de Participaciones, educación pública, salud, defensa nacional y pensiones del magisterio, los cuales son algunos de los más representativos en el gasto público. Un dato clave que deberíamos recordar es que aproximadamente el 92 % del Presupuesto General de la Nación está comprometido en gastos inflexibles (deuda, pensiones, SGP, nómina). El margen real de maniobra del gobierno de turno parecería ser solo el 8 % restante.

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Desregular al sector empresarial, reducir impuestos de renta a micro, pequeñas y medianas empresas, analizar la eficiencia de diversas dependencias del gobierno que duplican requerimientos, trámites y costos, me parecen ideas acertadas, pero estableciendo límites. No se trata de eliminar al Invima, ni al ICA, ni a las cámaras de comercio, como se insinúa folclóricamente en redes sociales. Se trata de hacerlos eficientes, que cumplan su función regulatoria, técnica, registral e institucional, de una manera óptima. Vale la pena retomar los esfuerzos en simplificación de trámites, ventanillas únicas empresariales, programas de desarrollo empresarial y productividad, entre otras alternativas que van más allá de lo tributario y apuntan a la competitividad y a la facilidad para hacer negocios, sin necesidad de caer en posturas de desregulación extrema que históricamente no han funcionado. Solo basta con analizar mínimamente las crisis financieras internacionales como la del 2008, y bancarrotas corporativas como Enron, Lehman Brothers, Banco Barings, entre otras, para saber que este camino no es casi nunca el mejor de los caminos.

De otro lado, la apuesta por el fracking y el extractivismo como motor de la transformación nacional es una estrategia de corto plazo que no transforma la estructura productiva del país ni reduce su dependencia de materias primas con precios volátiles. Esta es la propuesta que a título personal menos me gusta del candidato, dado que no habla siquiera de pruebas piloto, sino de «fracking a lo que dé», sin establecer límites ambientales, sin contemplar alternativas, y sin evaluar rigurosamente sus externalidades. El afán de obtener ingresos para la nación y de asegurar la autosuficiencia energética no puede pasar por encima como una retroexcavadora sobre los activos naturales, la biodiversidad y el agua de nuestro país.

Cepeda, por su parte, propone profundizar el modelo del Gobierno Petro con una mayor orientación redistributiva. Una reforma agraria agresiva, con 30 000 kilómetros de vías terciarias y redistribución masiva de tierras, respondiendo a la desconexión del campo colombiano como una de las razones más profundas y documentadas del conflicto armado y la pobreza rural. La formalización laboral y la apuesta por reducir una informalidad que supera el 55 % de la fuerza de trabajo son metas valiosas. Pero el programa de Cepeda tropieza con el mismo obstáculo que el de su antecesor: la falta de una fuente clara de financiación para compromisos de gasto enormes. Ampliar Colombia Mayor de tres a cinco millones de beneficiarios, extender Renta Joven y Renta Ciudadana y crear el Banco del Pueblo son iniciativas que en su conjunto presionan un fisco que ya está al límite. Su propuesta de sustituir los ingresos petroleros con turismo y valor agregado industrial es idealista y tal vez deseable en el largo plazo, pero no ofrece una ruta de transición creíble para el mediano plazo. Y la Alianza Público-Popular, que busca involucrar a juntas de acción comunal y mercados campesinos en la ejecución de contratos estatales, tiene un riesgo real de captura clientelista en ausencia de mecanismos de control robustos. Esto, a mi modo de ver, en lugar de incluir a las comunidades en la ejecución de los recursos, abre la puerta para que los alcaldes y concejales terminen asignando los contratos a dedo a sus clientelas políticas, haciéndolas pasar por liderazgos sociales.

De Cepeda me inquieta el bajo nivel de detalle técnico y presupuestal en las propuestas. Por lo menos de las pocas que ha explicado públicamente –considero yo que son pocas–, puesto que no consideró pertinente argumentarlas en primera vuelta en debates presidenciales. No basta con manifestar un ideal ambiental para lograr una transición energética, se necesitan planes, programas, recursos, todos claramente definidos, para llevar un país a una ruta de desarrollo. Entendemos que desarrollo no es simplemente crecimiento económico, pero para lograr desarrollo se requiere crecimiento. No basta con comprometerse a mejorar la situación fiscal, se requiere decir exactamente cuáles son las fuentes de ingreso adicional y los recortes puntuales en el gasto público. No basta con decir que se harán universidades y hospitales, ni que se mejorarán los sistemas. Se trata de contar con detalle cuál es el plan concreto, qué cosas continuarán, qué cosas se ajustarán y, sobre todo, cómo se financiará todo esto. En resumen, Cepeda no ha sido suficientemente claro en materia fiscal, dejando claro que el riesgo mayor de su programa de gobierno es seguir profundizando el déficit y la deuda, que ya parecen insostenibles.

En un escenario donde las mejores ideas no llegan al debate, el elector queda con pocas salidas racionales. Una es recurrir a los elementos ideológicos y filosóficos más amplios de cada candidato: su visión del Estado, su concepción de la justicia, su relación con las instituciones, sus alianzas y su trayectoria. La otra, más triste pero igualmente real, es votar por miedo al otro candidato, es decir, elegir no por convicción, sino por rechazo. En mi caso, ese ejercicio, honesto y personal, me conduce a votar por uno de ellos. Y así, igual a como me ocurre a mí, cada colombiano que piense con cuidado llegará a su propia conclusión, quizás distinta, igualmente legítima.

Gane quien gane, al día siguiente nos levantaremos a seguir trabajando: por nuestras familias, por el país, y por nosotros mismos. Ojalá en paz. Ojalá respetando el resultado. Y ojalá tratando, con más generosidad de la que suele verse en las redes, de respetar la opinión de los demás.