La SIC solicita a empresas explicar criterios para fijar precios, descuentos y utilidades

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha iniciado una solicitud de información dirigida a decenas de empresas de diversos sectores para comprender con mayor detalle los criterios que utilizan al fijar precios, aplicar descuentos y determinar márgenes de ganancia. La medida ha generado un amplio debate entre entidades de control, gremios empresariales y analistas económicos sobre sus objetivos y posibles impactos.

La SIC —órgano encargado de promover la libre competencia y proteger los derechos de los consumidores en el país— pidió a compañías explicar, entre otros aspectos: los procedimientos y criterios técnicos, comerciales y jurídicos para fijar precios; los modelos para establecer márgenes mínimos de ganancia; cómo influyen variables como costos de importación, logística o tasa de cambio; y si utilizan sistemas automatizados o algoritmos en la determinación de precios.

Respuesta de la SIC

Según la superintendencia, estos requerimientos forman parte de acciones de vigilancia y no implican una intervención directa en la fijación de precios por parte del Estado. Autoridades de la entidad han explicado que el objetivo es estudiar la estructura de los precios para proteger a los consumidores y evaluar posibles prácticas contrarias a la competencia. Además, señalaron que el envío de estos cuestionarios se realiza como parte de actuaciones preliminares y no corresponde a investigaciones formales por ahora.

Reacción de gremios empresariales

La acción de la SIC ha sido recibida con preocupación por varios gremios del sector privado. Organizaciones como el Consejo Gremial Nacional, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Fenalco han cuestionado el alcance de la solicitud de información. En sus pronunciamientos, aseguran que exigir detalles internos sobre estrategias comerciales y márgenes de ganancia podría vulnerar la libertad de empresa, la reserva comercial y la seguridad jurídica protegidas por la Constitución Política.

Representantes gremiales han expresado que estas exigencias podrían interpretarse como una forma de control indirecto de precios que va más allá de las funciones legales de la SIC, lo que a su juicio puede generar incertidumbre en el clima de negocios y afectar la competitividad.

Balance y contexto

Expertos y analistas señalan que el debate refleja tensiones históricas entre la regulación estatal y la autonomía empresarial en Colombia. Aunque la SIC tiene facultades para vigilar el mercado y proteger a los consumidores, sus críticos señalan que los límites de esas facultades deben estar claramente definidos para no comprometer la confianza inversionista ni los principios de libre iniciativa.

Por otro lado, autoridades de la SIC han enfatizado que la medida no busca intervenir en la fijación de precios ni establecer tarifas, sino recabar información para mejorar la vigilancia del mercado y prevenir prácticas anticompetitivas.

En medio de este debate, el foco de atención se mantiene en cómo equilibrar la protección del consumidor con el respeto a la libertad económica, en un contexto económico marcado por la evolución reciente de variables como el salario mínimo y la inflación.