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Las ascuas políticas de los incendios de verano en Castilla y León entran en la fase preelectoral rumbo a los comicios de marzo. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), anunció este martes medidas en favor del dispositivo contra los fuegos, tan cuestionado en agosto, con una clave: en tres años será completamente público. Ahora se fracciona entre operarios de la Junta y los adjudicados a empresas privadas, con condiciones precarias según los bomberos. Mañueco presumió de esa idea, opuesta a lo esgrimido durante años por su Gobierno en favor del modelo público-privado, pero los sindicatos y los brigadistas lo cuestionan: la transición será mediante la empresa pública estatal Tragsa y la empresa pública autonómica Somacyl. “Es un ‘trágala’ unilateral de la Junta”, denuncian: “Siempre nos tratan como empleados de segunda. ¿Por qué no nos tratan como a cualquier otro trabajador de la Junta?”.
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