La Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló a Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, de estar “supuestamente involucrada en adopciones ilegales” de menores indígenas en los años ochenta. La denuncia coincide con el fracaso de Porras, enfrentada con el presidente, Bernardo Arévalo, en su intento por ocupar un cargo en la Corte de Constitucionalidad a partir de mayo, cuando vence su mandato como fiscal. La decisión de la comisión electoral deja a Porras sin posibilidades de garantizar su inmunidad en el futuro.
La fiscal de Guatemala pierde su batalla por la inmunidad, mientras recibe denuncias de la ONU por adopciones ilegales
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