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Un juez constitucional negó la solicitud de suspender de forma provisional el decreto que fijó el salario mínimo para el año 2026, medida que había sido impugnada mediante una acción de tutela presentada ante la justicia colombiana.
La acción judicial fue interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien actuó como apoderado de un comerciante afectado por el aumento decretado por el Gobierno nacional. En su recurso, Linares argumentó que el incremento del salario mínimo —establecido en un promedio de 23,7 % para este año— habría sido expedido sin cumplir con los criterios legales y constitucionales exigidos para su adopción.
El juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá decidió no conceder la medida provisional solicitada, al considerar que no se demostraron la urgencia ni la necesidad de suspender los efectos de inmediato mientras se estudia el fondo de la tutela. Según la decisión judicial, posponer la aplicación del decreto no era más gravoso para quien interpuso la acción que mantenerlo vigente durante el trámite legal.
El decreto en cuestión fue expedido por el Ejecutivo el 29 de diciembre de 2025 y fijó el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 en alrededor de 1.750.905 pesos, con un auxilio de transporte de 249.095 pesos. Este aumento se decretó luego de que no se llegara a un acuerdo entre empresarios y sindicatos al interior de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
El Ministerio del Trabajo, a través de su titular Antonio Sanguino, afirmó que la solicitud del exmagistrado no logró acreditar un perjuicio inmediato, concreto o individualizado, ni la urgencia legal necesaria para suspender el aumento mientras se resuelve la tutela.
La acción judicial que rechazó la medida cautelar continuará su trámite ordinario ante la justicia para decidir sobre el fondo de los argumentos planteados por la parte demandante. En paralelo, el Consejo de Estado también admitió una demanda que busca anular el decreto del salario mínimo, ordenando al Gobierno aportar los documentos que precedieron su expedición.
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