José Miguel Mujica desapareció en Medellín

José Miguel Mujica Meza es un hombre colombiano de 31 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, quien fue reportado como desaparecido el 10 de octubre de 2026 en el barrio Villatina, en Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta azul, un jean azul oscuro y tenis blancos. Estas prendas de vestir constituyen características importantes para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

Como señales particulares, José Miguel tiene tatuajes en el brazo derecho con la palabra “DIASMINA” y en los dedos de la mano derecha con el nombre “Jose”. Se solicita tener en cuenta estas características físicas y de vestuario para contribuir a su identificación y a la obtención de información que permita establecer su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Cómo reportar a una persona desaparecida en Colombia: el mito de las 72 horas y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente

En Colombia no existe ninguna norma legal que obligue a esperar 24, 48 o 72 horas para denunciar o reportar la desaparición de una persona. La creencia popular de que las autoridades solo actúan tras cumplirse tres días es un mito sin sustento jurídico que pone en riesgo la vida de las víctimas. Bajo el ordenamiento colombiano, los primeros minutos y horas resultan determinantes, por lo que la búsqueda debe activarse de manera inmediata.
El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU)

La herramienta jurídica fundamental en el país es el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), regulado por la Ley 971 de 2005. Se trata de un procedimiento público, oficioso y expedito diseñado para tutelar la libertad y la integridad personal frente a presuntas desapariciones forzadas o involuntarias:

Activación inmediata: Cualquier ciudadano, sin importar si es familiar directo, amigo o conocido, puede solicitar su activación de forma verbal o escrita en el instante en que sospeche que una persona se encuentra desaparecida.

Sin costo ni apoderado: No se requiere la intermediación de un abogado ni formalismos legales complejos.

Obligación judicial: Una vez formulada la petición, los jueces y fiscales tienen el deber de ordenar inspecciones inmediatas a centros de reclusión, hospitales, Medicina Legal, estaciones de policía y terminales de transporte.

Canales e instituciones habilitadas para radicar el reporte

Para iniciar el trámite formal de búsqueda no es necesario trasladarse a una sola entidad centralizada. El reporte puede radicarse ante:

Fiscalía General de la Nación: En las Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario (SAU) o llamando gratis a nivel nacional a la Línea 122.

Cualquier juez de la República: Los jueces penales, civiles o promiscuos municipales están facultados por ley para recibir la solicitud del MBU y ordenar diligencias de búsqueda en tiempo real.

Ministerio Público: Personerías municipales, Defensoría del Pueblo y sedes de la Procuraduría General de la Nación.

Policía Nacional: A través de la línea de emergencias 123, estaciones de policía locales y sedes de la SIJÍN y DIJIN.

Información esencial para suministrar a los investigadores

Para acelerar la individualización y los operativos en campo, es crucial entregar la mayor cantidad de datos concretos al momento de interponer la denuncia:

Fotografía reciente: Imagen clara, en primer plano y sin filtros digitales.

Rasgos morfológicos y señas particulares: Estatura, contextura, color de piel, tatuajes, cicatrices, lunares visibles, perforaciones o prótesis dentales.

Indumentaria y objetos personales: Descripción detallada de las prendas de vestir, calzado, accesorios, maletines o bolsos que portaba la persona al momento de desaparecer.

Último contacto: Hora exacta, dirección o punto de referencia donde se tuvo la última comunicación, trayectoria prevista y personas con quienes interactuó.

Casos de menores de edad y enfoque de género

Cuando la persona desaparecida es un niño, niña o adolescente, la activación es prioritaria y obligatoria bajo el principio constitucional del interés superior del menor, vinculando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Si un funcionario público se niega a recibir el reporte argumentando la necesidad de esperar horas previas, incurre en una falta disciplinaria y penal que debe denunciarse ante la Procuraduría.