
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a antiguos comandantes de las Farc por el atentado contra Álvaro Uribe Vélez, ocurrido el 14 de abril de 2002, cuando era candidato presidencial y adelantaba actividades de campaña en Barranquilla. El ataque, dirigido contra la caravana en la que se movilizaba, dejó cinco civiles muertos y otros 11 heridos.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, hacia las 3:30 de la tarde guerrilleros instalaron una carga explosiva en el Puente del Pescado, en la carrera 46 con calle 30. El artefacto fue detonado cuando la caravana se desplazaba desde la Sociedad Portuaria hacia el Hotel El Prado.
La explosión alcanzó a los vehículos que acompañaban al entonces candidato y afectó especialmente a un bus de servicio público que estaba siendo adelantado por la caravana. La onda expansiva desplazó el vehículo aproximadamente 200 metros.
En el sector había vendedores ambulantes y personas que transitaban por la zona. Entre los heridos se encontraba una niña de tres años que perdió una de sus piernas como consecuencia de la explosión.
Uribe salió ileso y fue evacuado en helicóptero hacia la base de Malambo. Cinco policías que acompañaban la caravana también resultaron heridos.
La JEP atribuye la ejecución del atentado a integrantes del extinto Bloque Caribe de las Farc. En la reconstrucción del contexto, la jurisdicción identifica al Frente 19, bajo el mando de Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almeida’, como responsable de la acción.
La decisión se dio dentro de un expediente que imputa varios delitos a los exfarc. En total, 11 excomandantes de los Bloques Magdalena Medio y Caribe como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el norte y nororiente del país.
Entre los comparecientes se encuentran Rodrigo Londoño, “Timochenko”, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, “Pastor Alape”, antiguos integrantes del Secretariado. Los otros nueve imputados ocuparon posiciones de comando regional en esas estructuras.
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La JEP atribuyó a los excomandantes responsabilidad por homicidios, desplazamiento forzado, ataques contra la población civil, destrucción o apropiación de bienes, agresiones contra hospitales, escuelas e iglesias, tortura, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual. También fueron imputados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. Debido a su gravedad, estos delitos no pueden ser objeto de amnistía ni de perdón judicial.
El expediente incluyó 72 informes de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, 15 versiones colectivas y nueve individuales de exintegrantes de las Farc, 1.859 denuncias de la Fiscalía y documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Comisión de la Verdad.
La decisión aborda hechos como la toma guerrillera de Chalán y el atentado con un “burro bomba” en ese municipio de Sucre, en 1996; el ataque contra la caravana de Álvaro Uribe en Barranquilla, en 2002, y varias masacres en zonas rurales, entre ellas la ocurrida en la finca La Duquesa, en Tibú, Catatumbo, en 2004.
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