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En un contundente balance divulgado esta semana por INPEC, se informó que durante 2025 las autoridades han decomisado más de 33.000 teléfonos celulares en cárceles de todo el país, un dato que evidencia la magnitud de las redes de corrupción y criminalidad que operan desde el interior de los penales.
Durante su reciente visita a Medellín, el director del INPEC reveló además que alrededor de 600 funcionarios de la entidad han sido sancionados por su implicación en estos hechos, y se investigan otros 2.800 empleados como parte de las pesquisas —una señal clara de que el problema no es solo de internos, sino que alcanza también las filas del sistema penitenciario.
Las decomisaciones recientes no solo incluyen teléfonos: en operativos anteriores, como el efectuado en octubre en 123 cárceles, se incautaron armas blancas, estupefacientes, licor artesanal y otros elementos usados para extorsión, narcotráfico y “call centers” clandestinos desde reclusorios.
Entre los casos más notorios aparece la desarticulación de una red de extorsión que operaba desde el penal Cárcel Bellavista (municipio de Bello), donde se hallaron 50 celulares, módems de internet, armas blancas, drogas y evidencias de un “call center criminal” dedicado a intimidar y extorsionar desde la cárcel.
Frente a estos hallazgos, las autoridades advirtieron a la ciudadanía para que extreme precauciones ante posibles estafas telefónicas, sobre todo en temporada decembrina, y denunciaron que la corrupción al interior del sistema carcelario ha permitido que las mafias sigan operando desde rejas, acariciando una red criminal con alcance nacional.
“Estas acciones buscan desmantelar las estructuras delictivas que se esconden detrás de los muros”, afirmó un vocero del INPEC. Las sanciones, las requisas y los llamados a denunciar son parte de una estrategia para romper con esa red, aunque el reto aún parece enorme.
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