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El presidente Abelardo De la Espriella salió en defensa de la forma en que su Gobierno está avanzando en la ofensiva contra las organizaciones terroristas y rechazó que exhibir las consecuencias de los operativos militares pueda ser calificado de “inhumano”.
La declaración se produjo durante la activación, en Valledupar, de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad de 1.200 hombres que tendrá como misión golpear, entre otras, las estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos, la minería ilegal y la extorsión.
“No hay inhumanidad en combatir al terrorismo, la inhumanidad es no combatirlo”, afirmó el mandatario.
El presidente sostuvo que esas críticas confunden la firmeza del Estado con una conducta inhumana. “Rechazo de manera contundente que se pretenda presentar la firmeza del Estado como una posición inhumana. Inhumano es abandonar a las comunidades a su suerte”, dijo.
En su discurso llevó la discusión más allá de la forma de comunicar los operativos y la centró en el control territorial que ejercen las organizaciones armadas.
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“Inhumano es acostumbrarnos a ver regiones donde una organización terrorista es la que decide quién entra, quién sale, quién trabaja y quién vive”, aseguró.
También cuestionó cualquier salida política que, según su planteamiento, termine reconociendo a estructuras criminales.
“Inhumano es pedirle a la gente honrada que continúe viviendo entre el miedo y el terror, mientras desde el alto gobierno se buscan fórmulas para reconocerle una categoría política a los delincuentes de la peor condición”, afirmó.
La intervención tuvo además un fuerte componente de contraste con la administración anterior. De la Espriella aseguró que los colombianos quedaron “a merced de los narcoterroristas” y prometió que eso no volverá a ocurrir.
“Esa es una realidad que no se volverá a repetir nunca más en Colombia. En mi gobierno no será el pueblo el que sienta el peso del narcoterrorismo”, manifestó.
Su discurso es coherente con la línea que ha seguido desde el inicio de su gobierno: suspendió los diálogos de paz y declaró la guerra a las disidencias de las FARC, al ELN y a las bandas criminales al servicio del narcotráfico.
De la Espriella respondió así a las críticas surgidas después de que, a comienzos de septiembre, la Presidencia difundió registros visuales de operativos militares.
Entre ellos estaba la Operación Azarías, en Guaviare, y las acciones en La Guajira y Santa Marta. En esas imágenes se veían filas de cuerpos abatidos dentro de bolsas blancas y lonas. Las publicaciones del 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram correspondían a Azarías, en Miraflores (Guaviare), y a Centinela de la Patria, en Riohacha.
En las tomas del 2 de septiembre, el presidente camina entre bolsas con al menos 23 cuerpos de personas abatidas. Según el reporte oficial, en Azarías murieron 23 miembros de las estructuras de alias “Iván Mordisco”, entre ellos altos mandos.
El mandatario acompañó esos operativos con frases como “los vamos a mandar al infierno en una bolsa”, dirigida contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La escena generó cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones no gubernamentales.
La defensora Iris Marín advirtió que no deberían “normalizarse los cuerpos como escenografía de una declaración pública, ni la muerte como forma de exhibir autoridad2.
También recordó que privar a alguien de la vida no puede ser arbitrario y exige razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. La Defensoría le pidió además que no compita con los grupos armados por demostrar quién es más cruel.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó esas afirmaciones, y la defensora respondió que confía en que el Gobierno reflexione sobre cómo presenta los resultados operacionales.
En su momento, un juez prohibió al presidente caminar entre cadáveres en bolsas. Sin embargo, otro que estudió esa acción dejó abierta la posibilidad a que este tipo de imágenes puedan volver a publicarse.
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La decisión fue adoptada por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, que estudió la acción popular presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín, de la Alianza Verde, y el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz.
El caso surgió luego de que el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá ordenara al presidente Abelardo de la Espriella abstenerse de divulgar fotografías de cuerpos envueltos en bolsas mientras se resolvía de fondo la controversia.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá acumuló esa demanda con otra acción de características similares presentada por un ciudadano y dispuso el traslado del expediente al despacho civil.
En su decisión, el Juzgado 30 Civil del Circuito concluyó que Osorio Marín y Cabrera Cruz no estaban legitimados para intervenir en el proceso.
Además, señaló que la controversia había perdido objeto frente a las publicaciones hechas en las cuentas oficiales de Instagram del presidente, debido a que las fotografías ya habían sido retiradas de esos perfiles.
El fallo, revelado el miércoles 23 de septiembre pasado por el Reporte Coronell, precisa, no obstante, que las imágenes continuaban disponibles en las cuentas personales de De la Espriella.
De esta manera, el despacho judicial dejó sin efecto el trámite promovido por los dos accionantes y puso fin a la medida que había restringido la divulgación de este tipo de fotografías desde las cuentas oficiales del mandatario.
El mensaje coincidió con la activación oficial de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, en el Batallón de Artillería n.° 10 La Popa. La conforman cerca de 1.200 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, con apoyo de la Fiscalía y de organismos de inteligencia e investigación criminal.
En el acto estuvieron la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco. La apuesta es golpear la economía que sostiene a las organizaciones criminales y no limitar la respuesta al punto del delito.
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En el robo de hidrocarburos, la estrategia busca ir desde las válvulas ilegales hasta las redes que movilizan y comercializan el producto. Además, según las informaciones conocidas, el objetivo principal es atacar el núcleo criminal del ELN, y la sede estará en Aguachica, Cesar.
Su acción se extenderá al Magdalena Medio, el Catatumbo, el Cesar y los corredores hacia Norte de Santander.
Entre sus frentes están el hurto de hidrocarburos, la minería ilegal y la extorsión. El Gobierno presentó también un primer balance. Desde el inicio de las operaciones de Urano, el 1 de septiembre, se han recuperado más de 100.000 galones de combustible ilegal, se han hecho 21 capturas por delitos contra hidrocarburos y se han incautado 22 vehículos.
El presidente lo calificó como positivo pero insuficiente. Además, anunció que acompañará en terreno las operaciones de la Fuerza Pública, incluidos bombardeos, y ratificó que ofrecerá garantías legales a los uniformados.
La creación de esta fuerza ocurre mientras el Gobierno intenta hacer de la seguridad uno de los sellos de su administración, con una premisa que el mandatario repitió en Valledupar: la firmeza contra las organizaciones terroristas, dijo, no es una opción, sino una obligación del Estado.
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