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La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif) encendió las alarmas tras el anuncio del Gobierno de Ecuador de aplicar un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que entraría en vigor el 1 de febrero de 2026 y cuya implementación podría poner en riesgo uno de los mercados más importantes para la industria de medicamentos nacionales.
Según el gremio, el impacto sería directo y significativo sobre la competitividad del sector, la producción local y el abastecimiento de medicamentos fabricados en Colombia, en especial hacia Ecuador, que el año pasado fue uno de los principales destinos para las exportaciones del sector, con envíos cercanos a los 51 millones de dólares.
Una medida con efectos en cadena
La advertencia de Ascif se da en el contexto de una escalada de tensiones comerciales entre Bogotá y Quito, donde —además de los aranceles que Ecuador planea imponer— el Gobierno colombiano respondió anunciando tarifas del 30 % sobre 20 productos ecuatorianos e incluso la suspensión de la venta de energía eléctrica al país vecino.
La asociación gremial ha señalado que un arancel de tal magnitud podría generar riesgos contractuales, frenar exportaciones consolidadas y comprometer el abastecimiento de medicinas tanto para el mercado ecuatoriano como para el colombiano, al encarecer los costos y reducir la demanda en un contexto que aún se recupera de los efectos económicos regionales.
Relevancia de Ecuador para la industria farmacéutica
Ecuador ha sido tradicionalmente uno de los destinos clave para la producción farmacéutica colombiana, con exportaciones que incluyen medicamentos de uso humano. La potencial alza arancelaria no sólo generaría una barrera comercial adicional, sino que, según expertos y representantes del sector, podría afectar también la disponibilidad de fármacos en los sistemas de salud de ambos países, especialmente si los mecanismos de comercio bilateral se ven tensionados por medidas no coordinadas.
Respuesta empresarial y gubernamental
Empresarios del sector han expresado su preocupación por el efecto que una guerra arancelaria podría tener en las cadenas de abastecimiento, contratos ya pactados y la competitividad internacional. Por su parte, autoridades colombianas han rechazado la imposición unilateral de tributos, proponiendo que las diferencias se aborden mediante diálogo diplomático y mecanismos de cooperación comercial.
La situación se da en medio de un contexto más amplio de tensiones entre ambos gobiernos, marcado no sólo por asuntos comerciales, sino también por diferencias en materia de seguridad fronteriza y cooperación contra el crimen organizado, que han influido en el anuncio de Ecuador de esta tasa de seguridad adicional.
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