hace 1 mes
25
La Contraloría General de Antioquia formuló cargos fiscales contra el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, por presunto detrimento patrimonial en un proyecto de movilidad que fue ejecutado cuando se desempeñaba como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.
La Contraloría también formuló cargos contra Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), en relación con un contrato para la ejecución de un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño cuando se despeñaba como gerente de la Edeso.
Según la decisión adoptada por el organismo de control, la investigación se enfoca en un contrato interadministrativo suscrito entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia, por 34.458 millones de pesos, dentro de un plan promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) que contemplaba una inversión cercana a 25.000 millones de pesos.
La Contraloría señaló que los trabajos contratados no habrían cumplido los objetivos previstos en los términos del contrato, lo que generó fallas en la planeación, precontractual y ejecución del proyecto, pese a los significativos desembolsos realizados.
Además de Rendón y Hernández, los cargos fiscales también alcanzan a exgerentes y siete exfuncionarios de Indeportes Antioquia, a una de las empresas contratistas y a una aseguradora internacional implicada en la operación del contrato.
La formulación de cargos es una etapa del procedimiento de control fiscal que no implica culpabilidad automática, sino que busca establecer responsabilidades administrativas y posibles cargas económicas por detrimento al patrimonio público.
Ante la decisión de la Contraloría, el gobernador Rendón ha rechazado los señalamientos y formulado recursos, argumentando que la actuación del ente de control obedecería a motivaciones políticas y cuestionando la competencia de la Contraloría en el momento de promover los cargos.
Por su parte, hasta el momento no se han conocido pronunciamientos públicos de Rodrigo Hernández sobre la imputación en su contra.
La investigación fiscal continuará con el análisis de los elementos probatorios y con la eventual determinación de si existieron responsabilidades administrativas o fiscales por el manejo de los recursos públicos involucrados en el proyecto de ciclorrutas, cuya ejecución ha sido objeto de críticas desde hace varios años por su aparente falta de resultados concretos.
English (US) · 
Spanish (CO) ·