hace 12 horas
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La venta ilegal de lotes en el cerro Quitasol de Bello se le está saliendo de las manos a las autoridades. Durante los últimos meses, la Dirección de Espacio Público de Bello se embarcó en una ofensiva para cerrarle el paso a los particulares que están haciendo negocio en esa importante zona de reserva ambiental.
A pesar de los esfuerzos, desde ese municipio se emitió un llamado de auxilio a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional ante el riesgo al que se están exponiendo sus funcionarios por hacer cumplir la ley.
El episodio más reciente ocurrió el pasado viernes 27 de marzo, cuando una avanzada de servidores de Espacio Público llegaron a la zona para hacer un operativo de control y fueron increpados por varios de los urbanizadores ilegales, sin importar estar acompañados por agentes de la Policía.
Según advirtió el gobierno municipal, a raíz de las constantes intimidaciones de las que muchos funcionarios han sido objeto, muchos han optado por proteger sus identidades durante los operativos y hasta usar pasamontañas por razones de seguridad.
Alejandra Romero, secretaria encargada de Seguridad y Convivencia de Bello, apuntó que el pasado viernes, la Alcaldía fue alertada por la misma ciudadanía de una oleada de construcciones ilegales en la zona.
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La funcionaria reseñó que su dependencia acudió a revisar una situación alertada por otro equipo de funcionarios, que habría identificado varias viviendas que ya se habían alcanzando a levantar en el cerro, unas dentro de un lote que es objeto de disputa judicial.
Las primeras informaciones daban cuenta de un grupo de por lo menos 30 personas que estaban haciendo trabajos de remoción de tierra en la zona.
“Al llegar al punto de referencia, encontramos aproximadamente entre siete y ocho personas, porque al momento en que llegaron los funcionarios de avanzada ya se había ido el resto, que me dicen que eran por ahí 30. Estaban trabajando con todas las capacidades humanas que pudieran tener, porque esta es una época muy atractiva para ellos, para poder avanzar en estas construcciones ilegales”, narró la funcionaria.
El cerro Quitasol se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos críticos en materia de urbanizaciones irregulares.
Al igual que ocurre en Medellín –en barrios como Olaya Herrera, Vallejuelos, Moravia, El Paraíso, El Faro, entre otros– los elevados costos de la propiedad raíz en el Aburrá y el aumento de la población han empujado a muchos habitantes a poblar zonas de ladera y alto riesgo.
En poder de las autoridades de Bello hay, por ejemplo, múltiples indicios de que la venta de dichas viviendas está disparada. Según advierte Romero, a través de las redes sociales hay particulares que están ofreciendo lotes desde los $14 millones, recibiendo incluso pagos parciales y financiando el resto para quienes no tienen todo el dinero.
De igual forma, en redes sociales como TikTok, se han difundido videos en los que se ofrecen casas en la zona con acabados de lujo y hasta por $160 millones, sin importar que no puedan entregarse con papeles legítimos.
En varios de esos materiales, ya en conocimiento del Municipio, se escucha a los vendedores persuadiendo a los ciudadanos para entregar su dinero, argumentándoles que como en la zona ya se han levantado otras viviendas de invasión en el pasado sería difícil que la Policía y la Alcaldía les ordene demoler sus casas.
Además de un supuesto papel de compraventa del lote, los vendedores también ofrecen la posibilidad de dar mano de obra, materiales y diseñar a gusto de los compradores cada una de las casas.
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La secretaria de Seguridad apunta que en los operativos de control la mayor parte de los trabajadores que son sorprendidos arañando la tierra del cerro o levantando allí una casa solo les pagan por un día de trabajo.
Romero advierte que hace exactamente un año, el 28 de marzo de 2025, la Alcaldía ya había realizado otro operativo de control empleando maquinaria amarilla para derribar las viviendas.
En el operativo del pasado viernes, además de las zonas de terreno que habían adaptado, los funcionarios también encontraron huecos y estructuras ya listas para vaciar concreto y levantar columnas.
A manera de agravante, en dicho operativo, los funcionarios también encontraron invadido un lote cercano de propiedad del municipio en el que se busca adelantar un proyecto de vivienda para población vulnerable.
Romero apuntó que, a pesar de la situación ocurrida el pasado viernes y que hace parte de un plan de choque lanzado desde el año pasado, los planes de la administración municipal son intensificar los esfuerzos para frenar la aparición de estos asentamientos en el Cerro Quitasol.
“Este plan de choque genera cierta incomodidad en las personas que están trabajando al margen de la ley. Ellos no van a querer que les derrumben sus obras ni que los pongamos en evidencia, entonces siempre actúan con violencia, actúan en contra del funcionario público”, denunció la funcionaria, quien expresó también su preocupación por las intimidaciones de las que han venido siendo objeto varios funcionarios.
En medio de ese panorama, el gobierno local levantó su voz de alerta ante el Gobierno Nacional durante un reciente Consejo de Seguridad encabezado con el ministro de Defensa, en el que se pidió apoyo del Ejército para controlar el territorio y expulsar a los ilegales .
“Estamos fortaleciendo estas relaciones y tocando todas las puertas. Buscamos la manera de bloquear estas rentas criminales, porque aparte de ser ilegales, están causando un ecocidio por todo el daño a la fauna y a las especies afectadas con la remoción de tierra y las construcciones”, agregó Romero.
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