Hacer el bien sin mirar a quién

El terremoto del pasado 10 de agosto marcó un antes y un después en la historia reciente de Colombia. Casi la mitad del país se vio enfrentada a una de las tragedias más graves que recordemos, dejando pérdidas humanas, viviendas destruidas, empleos truncados y comunidades enteras obligadas a detener su cotidianidad para enfrentar la emergencia. Pero, en medio del dolor, también apareció una de las mejores expresiones de nuestra sociedad: miles de colombianos movilizados para llevar alimentos, agua, medicamentos, recursos y compañía a quienes lo perdieron todo.

El Gobierno nacional, apenas tres días después de su posesión, recibió el enorme desafío de responder a una emergencia de dimensiones extraordinarias. Mientras el presidente Abelardo De La Espriella terminaba de conformar su gabinete y poner en marcha la nueva administración, las instituciones del Estado debían comenzar a responder ante las víctimas y ante un país que esperaba soluciones. En una democracia, esa responsabilidad no puede estar sometida a los cálculos de quienes desean que al Gobierno le vaya mal.

Porque una tragedia no puede convertirse en un nuevo escenario de confrontación política. La oposición tiene todo el derecho a cuestionar, fiscalizar y señalar aquello que considere equivocado; es parte esencial de la democracia. Pero existe una frontera que no deberíamos cruzar: utilizar el dolor de las víctimas o intentar desacreditar cualquier acción institucional simplemente porque puede representar un acierto para el Gobierno de turno. Cuando la emergencia exige sumar esfuerzos, el interés político particular debería ceder ante el interés superior de quienes necesitan ayuda.

Uno de los episodios que mejor refleja esta discusión fue la entrega de balones a niños damnificados en Buenaventura por parte del presidente. La acción generó una fuerte polémica, particularmente por el hecho de que los balones llevaban elementos de identificación y por los cuestionamientos alrededor de los recursos utilizados para su elaboración. Es legítimo preguntar cuánto costaron, de dónde salieron los recursos y si la utilización de símbolos políticos en una emergencia resulta conveniente.

Pero una cosa es fiscalizar y otra muy diferente es desconocer el valor de la acción realizada. En escenarios de catástrofe, la atención a las víctimas no se reduce a comida, agua, medicamentos, vivienda o infraestructura. Las organizaciones humanitarias y especializadas en atención de emergencias han reconocido la importancia de la recreación, el juego y las actividades lúdicas como elementos que contribuyen al bienestar emocional y psicosocial de niños y adolescentes afectados por situaciones traumáticas. Recuperar, aunque sea por algunos momentos, la posibilidad de jugar, sonreír y relacionarse con otros también forma parte de la reconstrucción de una comunidad.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con aquellos niños. Recibieron los implementos deportivos con alegría y pudieron compartir, además, con figuras del fútbol como Matheus Uribe. A la iniciativa se sumaron Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, jugadores vinculados a territorios que conocen de cerca las dificultades de sus comunidades. Se podrá discutir la forma, el costo, los símbolos o la oportunidad política; lo que resulta difícil de discutir es que para esos niños hubo un momento de alegría en medio de una tragedia.

Sin embargo, hubo quienes decidieron convertir ese momento en otro capítulo de la confrontación. Entre las voces críticas aparecieron Leonard Rentería, Diana Ángel y Alexander López, pero adquirió especial relevancia la reacción del expresidente Gustavo Petro, quien afirmó: “Confundieron una emergencia humanitaria por terremoto con un partido de fútbol”.

La frase merece algo más que una respuesta política. Merece una reflexión. ¿Realmente debemos escoger entre atender las necesidades materiales de una emergencia y procurar que los niños afectados puedan volver a sonreír? ¿Una pelota deja de tener valor porque quien la entrega pertenece a un proyecto político que no compartimos? ¿Una acción positiva pierde su mérito cuando puede favorecer la imagen del Gobierno?

La respuesta debería ser no.

Y la misma lógica tendría que aplicarse a los demás aportes recibidos durante la emergencia. Empresarios y ciudadanos respondieron con donaciones que, según las cifras divulgadas, superaron el billón de pesos. Frente a ello, nuevamente Gustavo Petro calificó esos aportes como “una limosna”. Es difícil no preguntarse qué nos está sucediendo cuando incluso la solidaridad termina siendo sometida al filtro de la disputa política.

Colombia necesita oposición, pero necesita también institucionalidad. Un Gobierno democrático no puede ser visto como enemigo de la sociedad por el solo hecho de ocupar el poder. Puede equivocarse, debe ser vigilado y tiene que rendir cuentas, pero mientras ejerza legítimamente sus funciones constitucionales debe contar con las condiciones necesarias para atender a los ciudadanos. La oposición puede controlar al Gobierno; no debería bloquear al Estado.

La tragedia también dejó escenas preocupantes en Cali, donde se presentaron confrontaciones entre integrantes de la Primera Línea y organismos oficiales de socorro, mientras manifestantes animalistas cuestionaban las labores de los bomberos que, junto con unidades caninas, participaban en operaciones de rescate. En una emergencia, semejante confrontación resulta difícil de comprender. Los equipos de rescate necesitan condiciones para trabajar, no nuevos obstáculos derivados de disputas políticas o ideológicas.

Entonces surge una pregunta elemental: si el principio básico de cualquier movimiento político debería ser el bienestar de las personas, ¿por qué resulta tan difícil ponernos de acuerdo siquiera en lo esencial: ayudar a quienes están sufriendo?

Tal vez la respuesta tenga que ver con una polarización que ya no se conforma con discutir ideas, modelos de sociedad o formas de gobernar. Hemos llegado al punto en que algunos parecen incapaces de reconocer una acción positiva cuando proviene del adversario, mientras otros responden a cada crítica con la misma lógica de confrontación. Así, la política deja de ser una herramienta para resolver problemas y se convierte en una batalla permanente por demostrar que el otro siempre está equivocado.

Una tragedia como esta debería habernos enseñado lo contrario. Deberíamos ser capaces de reconocer los aciertos del Gobierno sin convertirnos por ello en sus defensores incondicionales, así como señalar sus errores sin desear que fracase la institucionalidad que representa. Porque cuando un Gobierno atiende una emergencia, no está ayudando solamente a sus simpatizantes: está cumpliendo con todos los colombianos.

Quizás esa sea una de las grandes tareas que tenemos por delante: recuperar la capacidad de reconocer el bien sin preguntar primero quién lo hizo. Que una ayuda no sea buena o mala dependiendo del partido que la entregue. Que una sonrisa de un niño no tenga ideología. Que un rescate sea reconocido como un rescate, sin importar quién empuñe la herramienta. Y que, frente al dolor de quienes lo han perdido todo, tengamos la grandeza de dejar por un momento la batalla política a un lado.

¡Porque en una tragedia no debería importar quién gana la discusión, debería importar quién recibe la ayuda!