Gobierno electo denuncia presuntas irregularidades en contratos de Defensa, la UNP y Cenit

Foto de cortesía @CGR_Colombia.

El gobierno electo de Abelardo De La Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación nuevas de denuncias por presuntas irregularidades en contratos del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol.

Según el equipo de empalme, los hallazgos comprometerían recursos públicos superiores a los $370.000 millones.

Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción. De acuerdo con el comunicado oficial, las denuncias buscan que los organismos de control establezcan si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales frente a los procesos revisados durante el empalme.

Uno de los principales casos corresponde a un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones destinados al Ministerio de Defensa y a la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec).

El documento sostiene que el análisis técnico detectó posibles sobrecostos de hasta el 85%, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional.

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Otro de los expedientes involucra un contrato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones. Según el equipo del gobierno entrante, el proceso habría sido adjudicado pese a la existencia de una orden judicial que suspendía la selección, razón por la cual solicitaron la intervención de los organismos de control.

Las denuncias también incluyen un proceso contractual de Cenit, empresa filial de Ecopetrol encargada del transporte de hidrocarburos. El comunicado señala que fueron entregados nuevos elementos relacionados con un contrato jurídico cercano a $23.000 millones, en el que se advertirían presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento.

El gobierno electo aseguró que la información entregada proviene de auditorías y revisiones realizadas durante el proceso de empalme y anunció que continuará remitiendo nuevos hallazgos técnicos y jurídicos conforme avance la revisión de la administración saliente.

Entretanto, serán la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las encargadas de verificar la información aportada y determinar si existen méritos para abrir investigaciones formales sobre los contratos denunciados.

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