Gobierno activa máxima alerta para elecciones y ofrece millonarias recompensas

Captura del video de redes sociales.

La seguridad para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio fue uno de los temas centrales analizados por el Gobierno Nacional. A dos días de la jornada electoral, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el país cuenta con un despliegue total de capacidades para garantizar el orden público y proteger el proceso democrático en todo el territorio nacional.

Según explicó el funcionario, los Puestos de Mando Unificado (PMU) fueron activados con cinco días de anticipación para monitorear cualquier situación que pueda afectar las elecciones.

Además, indicó que la estrategia está enfocada principalmente en la prevención de incidentes, con especial atención a la desinformación y a posibles alteraciones del orden público.

El ministro señaló que las autoridades identificaron 94 puntos de atención prioritaria en diferentes regiones del país, cifra superior a los 70 puntos inicialmente focalizados. Entre las ciudades con vigilancia reforzada se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde se han detectado convocatorias en redes sociales que podrían derivar en desmanes tras el cierre de las urnas.

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Durante una reunión privada con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y altos mandos de la Policía Nacional, también se evaluaron medidas para proteger la infraestructura crítica y los servicios públicos durante la jornada electoral.

Como parte del operativo, 12.500 policías estarán desplegados en la capital, incluidos 3.500 uniformados adicionales y capacidades antidisturbios listas para actuar en caso de ser necesario.

Sánchez invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho relacionado con delitos electorales, amenazas o acciones que busquen afectar la transparencia de los comicios.

Para ello, el Gobierno anunció recompensas de hasta $50 millones de pesos por información sobre delitos electorales, hasta $200 millones por datos relacionados con posibles atentados y hasta $1.000 millones de pesos por información que permita proteger la vida de los candidatos presidenciales.

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