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La financiación de la consulta del Pacto Histórico que llevó a Iván Cepeda a la candidatura presidencial ahora está siendo revisada por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
En contexto: Corte Suprema abre indagación a Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto Histórico
Agentes de la Dijín de la Policía realizaron una inspección en la antigua sede del Movimiento Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada como sede del Pacto Histórico en la noche de este martes 15 de septiembre.
¿Qué buscaron? Según informó el ente investigativo, estaban recopilando documentos, cuentas, soportes y otros elementos financieros y contables relacionados con la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho.
El procedimiento, dijo la Fiscalía, contó con el aval previo de un juez de control de garantías.
La Fiscalía busca establecer si la información reportada ante el Consejo Nacional Electoral corresponde efectivamente a los financiadores de la campaña y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los recursos.
La actuación se conoce en medio de una indagación previa que adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de esa consulta, en la que se definió al candidato presidencial del Pacto Histórico y de la que Cepeda resultó ganador.
Cabe señalar que como el Pacto Histórico era una coalición y no un partido con personería jurídica propia al inscribir la consulta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso quedó formalmente bajo el paraguas legal del Polo Democrático, que ahora ya no existe.
Las campañas de la consulta interna tanto de Cepeda como de Corcho han estado rodeadas de denuncias y líos.
El caso de Cepeda tendría que ver con una solicitud conocida el 15 de enero, cuando el exconcejal Juan Martín Bravo pidió al CNE investigar posibles irregularidades en la financiación.
La discusión se centró en $725 millones (del total de $964 millones) registrados en los reportes de la campaña: $609 millones relacionados con Samat Publicidad S.A.S. y $116 millones con su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez. La duda era si se trataba de donaciones, créditos o servicios prestados a la campaña y pendientes de pago.
El CNE cerró el caso a inicio de este mes y concluyó que no estaba demostrado que Samat o Pérez hubieran hecho donaciones.
Sin embargo, serían varias las versiones sobre estos recursos. Por un lado, Pérez dijo a este medio que correspondían a un servicio de publicidad en especie prestado por su empresa, que aún estaba pendiente de pago.
En cambio, Saúl Garzón, gerente de campaña, aseguró que había sido un crédito que se pagaría con la reposición de votos.
Lo cierto es que en el formulario, registrado en el CNE y difundido en medios, está rotulado bajo el nombre: “Relación de contribuciones o donaciones de los particulares”. Pero Garzón insistió hasta último minuto que “obviaron que el formulario es de donaciones, contribuciones y créditos”.
Cabe señalar que la ley indica que no está permitido recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% del valor total.
Ahí la pregunta sería parecida: si realmente existieron los servicios por alrededor de $740 millones y quién los financió.
Y es que ese montó habría sido anotado a nombre de una cuenta por pagar a un restaurante de corrientazos, ubicado al sur de Bogotá, con el nombre “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU”, que además aparecía en proceso de liquidación en la Cámara de Comercio.
Ese dinero se habría dado en forma de “refrigerios”. Y estos estarían pendientes de pago con la reposición del CNE.
En su momento, la campaña de Corcho rechazó los señalamientos. “La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición,así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma”, señaló en un comunicado.
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Lo que tendría que establecerse es si los recursos fueron realmente lo que las campañas reportaron ante el CNE, si provenían de una fuente permitida, si respetaron los límites legales y si fueron registrados correctamente.
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