Fiscalía imputa formalmente a Miguel Quintero y tres implicados más por red de coimas en el AMVA

 La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos este jueves a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, junto a tres personas más, por su presunta participación en un esquema de corrupción y desvío de recursos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Durante la diligencia ante el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías, el ente de acusación fijó los delitos específicos para cada uno de los investigados dentro del proceso que indaga irregularidades en seis contratos por $17.656 millones suscritos entre el AMVA y los Bomberos Voluntarios de Itagüí:

• Miguel Quintero: Imputado en calidad de determinador por interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.

• Álvaro Alonso Villada García (exsubdirector administrativo del AMVA): Imputado por interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.

• Vanesa Álvarez (exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente): Imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

• Sebastián Ortega: Imputado por el delito de peculado por apropiación.

Los detalles del entramado y las comisiones

Según expuso la fiscal del caso, los procesados habrían pactado y cobrado una comisión ilícita equivalente al 15 % del valor total de los convenios. La cifra global apropiada ascendería a 2.481 millones de pesos, de los cuales la Fiscalía sostiene que $1.387 millones habrían tenido como destino a Miguel Quintero, mientras que más de $600 millones habrían ido hacia Álvaro Villada y la suma restante a Sebastián Ortega.

De acuerdo con el material probatorio, Quintero Calle —pese a no contar con vinculación formal como servidor público— habría operado bajo el alias de «Míster M» o «nuestro jefe» dentro de un grupo privado de coordinación donde impartía directrices sobre contratación y personal, determinando la remoción o nombramiento de funcionarios claves en la subdirección administrativa y ambiental para evitar controles sobre los recursos.

La formalización de los cargos se logró concretar luego de tres aplazamientos previos registrados en las semanas anteriores por solicitudes técnicas de la defensa, incapacidades médicas y reasignaciones del centro de servicios judiciales.