hace 18 horas
18
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con un contrato superior a los $4.950 millones, destinado a la implementación de un sistema tecnológico para controlar el ingreso de aficionados a los estadios de fútbol en Colombia.
La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien acusó a la exfuncionaria por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Con esta actuación, el proceso judicial avanza hacia la etapa de juicio.
De acuerdo con la investigación, los hechos están relacionados con un convenio interadministrativo suscrito el 30 de diciembre de 2022 entre el Ministerio del Deporte, cuando Urrutia estaba al frente de esa cartera, y la Asociación de Desarrollo Integral (Aldesarrollo), por un valor superior a los $4.950 millones.
El contrato tenía como propósito adelantar la implementación del Sistema de Validación Nacional, una herramienta tecnológica contemplada en el Decreto 1622 de 2022, que buscaba fortalecer los controles de seguridad en los escenarios deportivos. El mecanismo permitiría asociar los documentos de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso y verificar sus antecedentes, con el fin de impedir el acceso de personas que tuvieran restricciones para ingresar a los estadios.
Sin embargo, según la Fiscalía, la contratación se habría realizado mediante un mecanismo directo, desconociendo disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes y los principios que rigen la contratación pública.
Entre los hallazgos expuestos por el ente investigador se encuentran presuntas irregularidades desde la etapa precontractual, como la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos técnicos y financieros que permitieran establecer adecuadamente el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas.
Adicionalmente, la Fiscalía sostiene que el convenio habría condicionado la subcontratación de una persona particular con quien, presuntamente, ya se habría acordado previamente la ejecución de la iniciativa tecnológica.
Otro de los señalamientos está relacionado con las advertencias que, según la investigación, habrían realizado funcionarios de los equipos técnicos y jurídicos del Ministerio del Deporte sobre posibles inconsistencias y vicios en los trámites previos a la firma del convenio. Pese a estas observaciones, Urrutia habría continuado con el proceso contractual.
La Fiscalía también señaló presuntas irregularidades en documentos públicos utilizados para justificar la contratación. Según el ente acusador, tanto en los estudios previos como en el acto administrativo de justificación se habrían incluido afirmaciones que no correspondían con la realidad.
María Isabel Urrutia fue ministra del Deporte durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Antes de llegar al gabinete, alcanzó reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria en el levantamiento de pesas y por convertirse en la primera deportista colombiana en obtener una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, logro conseguido en Sídney 2000.
Con la formulación de acusación conocida este viernes 6 de noviembre de 2026, el caso entra en una nueva fase dentro del proceso judicial. Será la justicia la encargada de evaluar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal de la exfuncionaria frente a los señalamientos de la Fiscalía.
Es importante precisar que la acusación no representa una declaración de culpabilidad y que Urrutia conserva su presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme.
English (US) · 
Spanish (CO) ·