Familia de Fontibón, parte baja, denuncia expropiación injusta por parte de la Alcaldía de Rionegro

En el sector de La Laja, jurisdicción de Fontibón parte baja en Rionegro, una familia denuncia haber sido víctima de una expropiación administrativa que, según ellos, vulnera sus derechos constitucionales. Se trata de un predio de 14.400 metros cuadrados, propiedad de ocho hermanos, del cual la Alcaldía tomó posesión de 6.228 metros para la construcción de una vía de acceso al sector desde Postobón.

María Jazmín Ramírez, una de las propietarias, manifestó que el único patrimonio familiar quedó en riesgo luego de que, en 2024, el municipio realizara un avalúo catastral y consignara $80 millones de pesos como pago. “Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero ese valor es injusto. Cada uno de los ocho hermanos pagó 7,5 millones de pesos de valorización y ahora nos quieren pagar $80 millones por dividir entre todos los diez hermanos. ¿Dónde en Rionegro se consigue tierra a 4.000 pesos el metro cuadrado? Eso no alcanza ni para sobrevivir”, afirmó.

Según la denunciante, la familia intentó negociar con la administración municipal desde 2022, cuando inició el proceso, pero el acuerdo nunca se logró. El pasado 23 de septiembre, funcionarios acudieron a tomar posesión del terreno, a pesar de que, según la familia, no se les ha garantizado un pago justo.

Ante la imposibilidad de un acuerdo, los afectados interpusieron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. La abogada de la familia explicó a DiariOriente que el proceso habría vulnerado el debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por dos razones principales: la falta de una indemnización previa y el vencimiento de los términos para la expropiación administrativa establecidos en la Ley 388 de 1997.

“La oferta de compra se comunicó en 2022, pero la resolución de expropiación se expidió apenas el 8 de octubre de 2024, con lo cual la Alcaldía perdió competencia para adelantar el trámite administrativo. Además, se desconoce el artículo 58 de la Constitución, que exige una indemnización justa y previa basada en un avalúo comercial, no catastral”, señaló.

Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo, donde se pide la suspensión de los efectos del acto administrativo y que se retrotraiga el proceso. De manera subsidiaria, la defensa solicita que, en caso de no declararse la nulidad, se reconozca una indemnización acorde al avalúo comercial.

“Nos sentimos atacados, nos quieren sacar a las buenas o a las malas. Lo único que pedimos es que nos paguen lo justo”, concluyó Ramírez, quien insistió en que hay adultos mayores de la familia que dependen de este patrimonio para subsistir.