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Un grupo de más de 80 ciudadanos venezolanos fue trasladado durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, como parte de un procedimiento de expulsión coordinado por el Gobierno Nacional y las autoridades migratorias y de seguridad.
Los extranjeros permanecían bajo custodia de las autoridades y son señalados de estar vinculados con diferentes actividades delictivas en Colombia. Entre los delitos asociados a sus procesos figuran homicidio, extorsión y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana.
El procedimiento comenzó en las instalaciones de la Sijín, en el centro de Bogotá, donde fueron concentrados los ciudadanos extranjeros para adelantar las verificaciones de sus expedientes y los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva su expulsión.
Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades comenzaron a sacar a los retenidos de las instalaciones policiales. Los grupos, organizados en bloques de aproximadamente 20 personas, abordaron varios buses de la Policía Nacional bajo la vigilancia de unidades especiales y efectivos del Ejército.
El desplazamiento tuvo un amplio dispositivo de seguridad que incluyó vehículos oficiales, motocicletas de tránsito y tanquetas blindadas. La caravana recorrió vías del centro y occidente de Bogotá hasta llegar a Catam, donde los ciudadanos quedaron bajo custodia mientras se preparaba su transporte aéreo. La operación contó con la participación de la Policía Nacional, Migración Colombia y el Ejército.
Parte de los extranjeros incluidos en este procedimiento fueron detenidos durante los operativos de seguridad realizados recientemente en Bogotá y Medellín. En la capital antioqueña, el despliegue se llevó a cabo el pasado 27 de octubre y tuvo 149 personas capturadas. Un día después, las autoridades realizaron en Bogotá la operación BOSUR-KRATOS, que dejaron otras 172 capturas.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, varios de los ciudadanos que ahora serán expulsados son señalados de reincidir en actividades delictivas y registrar antecedentes o procesos judiciales en el país.
El siguiente paso del procedimiento será el traslado aéreo desde Catam hasta Cúcuta, Norte de Santander. En esa ciudad fronteriza se coordinará el desplazamiento terrestre para completar la salida de los ciudadanos hacia Venezuela.
En anteriores operativos, el presidente Abelardo de la Espriella ha defendido estas decisiones y ha diferenciado entre los migrantes que llegan al país a trabajar y quienes incurren en actividades criminales: “Los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado”, afirmó.
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