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Maricarmen, 87 años, vivía desde 1956 en un apartamento ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de El Retiro, en Madrid. Allí creció junto a sus padres y posteriormente heredó por subrogación el contrato de alquiler.
El desalojo se ejecutó durante la mañana del miércoles, pese a que decenas de personas se habían concentrado desde la noche anterior frente al edificio para intentar impedirlo.
Horas después, cerca de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se reunieron en la capital española para protestar por la situación de Maricarmen y expresar su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda. Manifestaciones similares se registraron en ciudades como Barcelona, Sevilla y Valencia.
Tras abandonar el inmueble, Maricarmen fue trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada mientras le realizan algunas pruebas médicas.
Maricarmen pagaba cerca de 500 euros al mes por su vivienda mediante un contrato de renta antigua. La situación cambió en marzo de 2018, cuando la sociedad inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión, adquirió el apartamento por 247.000 euros.
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Posteriormente, la nueva propietaria solicitó un alquiler hasta cuatro veces superior, mientras que Maricarmen recibe una pensión de unos 1.400 euros, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
En marzo de 2020, la sociedad inició una demanda para poner fin al contrato. Aunque Maricarmen ganó inicialmente, la decisión fue posteriormente revocada por la Audiencia Provincial.
Su defensa presentó recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pero ambos fueron inadmitidos. Paralelamente, se inició el proceso para ejecutar el desalojo.
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Hubo hasta cuatro intentos de desahucio. En distintas ocasiones fueron suspendidos por razones relacionadas con la situación de vulnerabilidad de la mujer y la falta de una alternativa habitacional.
También se intentaron otras soluciones. Entre ellas, una mediación a través de Casa 47, entidad estatal de vivienda, para que se adquiriera el apartamento y posteriormente se ofreciera a Maricarmen un alquiler más accesible. Incluso un particular se ofreció a pagar parte del alquiler, pero ninguna de estas alternativas evitó finalmente el desalojo.
El caso se convirtió en un nuevo símbolo del problema de acceso a la vivienda en España, especialmente en grandes ciudades.
En Madrid, el precio del alquiler pasó de 12,8 euros por metro cuadrado en agosto de 2016 a 23,3 euros en agosto de 2026, según Idealista. En el mismo periodo, el precio de venta aumentó de 2.839 a 6.471 euros por metro cuadrado.
Estos incrementos contrastan con un salario medio en España de unos 29.540 euros anuales en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.
La situación también abrió una disputa política. El Gobierno español sostiene que intentó adquirir la vivienda para facilitar un alquiler accesible, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó al Ejecutivo nacional por la aplicación de las normas que permitieron ejecutar el desalojo.
Por su parte, miembros de Sumar, entre ellos Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, plantearon medidas como la expropiación de la vivienda y un decreto para congelar los precios de los alquileres y frenar desalojos similares.
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