El intento de Miguel Quintero por conseguir una reclusión más cómoda antes de terminar en Cómbita

Tan pronto se conoció el fallo que le revocaba la casa por cárcel para Miguel Quintero -hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero- y que ordenaba que de inmediato lo recluyeran en un centro carcelario, el abogado que lo representaba en la diligencia corrió a buscar que le asignaran un cupo en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, considerada en el ámbito penitenciario como un “colegio” dadas sus condiciones de baja seguridad y alta comodidad.

La decisión en segunda instancia del Juez Primero Penal del Circuito de Medellín ordenando la reclusión se conoció poco después del mediodía del pasado viernes, 30 de octubre, y hacia las siete de la noche ya se había producido la captura y el operativo de traslado de Quintero a Cómbita, quien fue llevado con uniforme de recluso y encadenado de pies y manos en un vuelo charter.

Le recomendamos leer: Video | Esposado de pies y manos: Así fue el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá

Hace unas semanas, Quintero había cambiado a su equipo de defensa, de manera que ese día lo representaba un abogado temporal mientras elige a quién llevará el resto del caso penal que se le sigue por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Y fue a este profesional momentáneo al que le correspondió buscar que el penal donde lo encerraran no fuera tan estricto. De hecho, en su argumentación luego de que el juez Primero con funciones de conocimiento leyó la sentencia, el abogado Felipe Alzate solicitó que se consideraran las condiciones de seguridad especiales de Quintero, justamente por ser hermano de una persona expuesta políticamente como el exmandatario de la capital antioqueña.

No obstante, el operador judicial le aclaró que esta no le correspondía definirlo a él sino al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Por eso, parece que de inmediato, Alzate le dirigió una misiva al director de la región Nordeste del Inpec, lo mismo que al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al Secretario de Seguridad y Justicia, Luis Eduardo Martínez (general en retiro). Esto último debido a que Yarumito es administrada desde el Departamento.

“Respetuosamente me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar que de manera inmediata y prioritaria se adelanten las actuaciones administrativas y de coordinación interinstitucional necesarias para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec disponga la ubicación de mi representado a la cárcel departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E.R.E.”, dice la carta que repite la argumentación que le había dado antes al juez.

También le sugerimos ver: Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos

Por si acaso la solicitud no era aceptada, el abogado Alzate presentaba la opción de que en todo caso Quintero estuviera en un “establecimiento de reclusión que cuente con un patio o pabellón especial destinado a servidores públicos” aunque es claro que los delitos que le imputan no se cometieron siendo él parte de la nómina de ninguna entidad estatal.

No obstante, es evidente que la carrera no dio resultado porque en el lapso de pocas horas, el Inpec resolvió y ejecutó el traslado hacia Cómbita, Boyacá, un penal de alta seguridad a donde van a dar generalmente personas con penas por delitos graves y muchos de los que hacen antesala para una posible extradición.

Es importante recordar, sin embargo, que en Cómbita hay capos de la llamada Oficina -por ejemplo, Sebastián Murillo, alias ‘Lindolfo’, fue enviado allí en agosto pasado- y que Miguel Quintero tendría una fuerte amistad con un abogado muy cercano a varios de los jefes de esa organización delincuencial. ¿Tuvo quién lo recibiera?

El caso judicial por el que el juez dictó la privación de la libertad como medida cautelar tiene que ver con las supuestas irregularidades en la contratación entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Estos contratos se celebraron y ejecutaron entre 2021 y 2023; tuvieron un valor total de 17.656 millones de pesos y la hipótesis de la Fiscalía es que de ellos Miguel Quintero y varios aliados se apropiaron de 2.481 millones.

Igualmente, le podría interesar: En Aguas Vivas hubo daño patrimonial de casi $11.000 millones, dice Contraloría Distrital

Miguel Quintero está imputado por celebración indebida de contratos y peculado, en tanto que Sebastián Ortega, hijo de un político controvertido de Bello, está respondiendo por el segundo de estos delitos. En la misma ronda de imputaciones fueron afectados el ex subdirector administrativo del Área, Álvaro Villada, y la ex asesora jurídica de la misma entidad, Vanesa Álvarez.

No obstante, ya previamente habían sido imputadas otras once personas, entre funcionarios del periodo 2020-2023 y particulares.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

No se vaya sin leer: Cinco entuertos de la corrupción que develó abogado del AMVA en audiencia contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega

Bloque de preguntas y respuestas