Es un texto burocrático, pero parece una carta de queja. En ella se dice que los sensores que auscultan la seguridad de los cientos de presas que componen la red del Estado se “han descuidado durante años”. Que por eso “se sabe poco sobre su comportamiento y el de sus cimientos”. Que eso se debe corregir “por la vía más urgente posible”. Y que las instalaciones están “perdiendo el tren que lleva a disponer de unas comunicaciones modernas”. Las quejas, recogidas este miércoles por el BOE, que ha publicado la licitación de un contrato de 1,2 millones de euros para impulsar un programa piloto que actúe sobre diez presas sin identificar, retumban en el contexto de la dana que golpeó a la Comunidad Valenciana en 2024: la presa de Forata, que en ese momento tenía 35,632 hectómetros cúbicos sobre el nivel del mar, estuvo al borde del colapso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha confirmado a EL PAÍS que no se han decidido las diez presas que formarán parte del estudio.
El Gobierno reconoce haber “descuidado durante años” los sensores que auscultan la seguridad de sus embalses: “Se sabe poco sobre sus cimientos”
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