«El Congreso no puede ser refugio de quienes mandan a matar a sus colegas»: Simón Molina

Minuto30.com .- El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, elevó un enérgico reclamo institucional a la Fiscalía General de la Nación para que priorice y avance sin dilaciones en las graves revelaciones entregadas por María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Las declaraciones de la cónyuge del dirigente político advierten que la orden para ejecutar el crimen habría emanado presuntamente del propio Congreso de la República y que los recursos económicos para financiar el atentado fueron girados desde Venezuela, una hipótesis que sacudió de raíz los cimientos del legislativo colombiano.

La contundente postura de Simón Molina desde la mesa directiva

En su condición de dignatario de la mesa directiva de la corporación legislativa, Molina calificó los hechos como un punto de quiebre institucional sin precedentes en la historia reciente del país. Para el congresista, el parlamento no puede permanecer indiferente ni tolerar un manto de duda sobre la honorabilidad de las curules mientras existan señalamientos que involucren a legisladores en ejercicio en la eliminación física de un compañero de bancada o de corporación:

Ataque directo a la democracia: «Como congresista y vicepresidente de la Cámara de Representantes, la denuncia de María Claudia Tarazona no admite dilaciones. Si eso se confirma, estamos ante el ataque más grave a la institucionalidad democrática en décadas: un senador y precandidato asesinado con participación o conocimiento de quienes juraron defender la Constitución desde estas mismas curules», sentenció Molina en una declaración pública que generó eco inmediato en distintas fuerzas políticas.

Cero tolerancia con el encubrimiento: El vicepresidente de la Cámara enfatizó que el fuero parlamentario no debe utilizarse como trinchera de impunidad penal: «La Fiscalía tiene la obligación de abrir de inmediato esa línea de investigación y llegar hasta el final, sin contemplaciones ni protecciones políticas. No puede haber espacio para el encubrimiento ni para que el Congreso se convierta en refugio de quienes ordenan matar a sus propios colegas. Colombia y esta corporación merecen saber quién dio la orden».

En contexto: María Claudia Tarazona asegura que la orden contra Miguel Uribe habría salido del Congreso

Las pruebas aportadas por Tarazona: fotos, nombres y la pista de «Comunes»

La vehemencia del pronunciamiento de Molina responde a la solidez de los elementos materiales que la viuda del exsenador puso formalmente a disposición de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. A diferencia de rumores o conjeturas informales, la información suministrada incluye documentación gráfica y datos precisos sobre los presuntos articuladores del atentado:

Individualización con nombres y fotografías: Tarazona entregó un dossier con identidades concretas y registros fotográficos de personas que habrían servido de puente entre los determinadores y las estructuras sicariales.

La línea hacia el partido Comunes: Los datos recopilados por la familia apuntarían a la presunta vinculación o conocimiento de un congresista perteneciente al partido Comunes. Aunque Tarazona subrayó que corresponde exclusivamente a los jueces verificar la autenticidad y alcance penal de estos indicios, la sola sospecha instalada en los estrados judiciales desató una tormenta de cuestionamientos éticos y políticos en el Capitolio.

Financiación transnacional y fallas de seguridad: El relato expuesto ante los entes de control señala que los fondos para contratar a la banda delincuencial llegaron desde Venezuela. Asimismo, la viuda pidió indagar formalmente si miembros asignados al esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) facilitaron datos sobre la agenda privada, traslados y vulnerabilidades del dirigente para facilitar el ataque.

Un llamado a superar la impunidad de los autores intelectuales

El crimen contra Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y que le causó la muerte el 11 de agosto de ese mismo año tras más de dos meses de agonía en cuidados intensivos, ha mostrado avances operacionales en la base de la pirámide criminal. Diversos participantes materiales, incluido el menor de edad que disparó el arma homicida, ya fueron vencidos en juicio y purgan condenas. Sin embargo, para Simón Molina, el proceso judicial se encuentra truncado si la justicia se conforma con encarcelar únicamente a los gatilleros:

Deuda histórica con el país: El congresista insistió en que el verdadero desmantelamiento de la maquinaria del crimen pasa por desenmascarar a los autores intelectuales y a quienes financiaron la logística.

Garantías procesales sin privilegios: Molina demandó que los fiscales asignados actúen con total independencia frente a presiones partidistas, recordando que ningún acuerdo de paz, inmunidad parlamentaria o cálculo de gobernabilidad puede estar por encima de la verdad judicial sobre el magnicidio de un aspirante a la Presidencia de la República.

La postura fijada por la vicepresidencia de la Cámara marca un antes y un después en el trámite del expediente Uribe Turbay, elevando la exigencia popular hacia el búnker de la Fiscalía para que informe de manera periódica los avances sobre la pista que apunta al corazón del poder legislativo.

Pronunciamiento de Simón Molina

Como congresista y vicepresidente de la Cámara de Representantes, la denuncia de María Claudia Tarazona no admite dilaciones. La información que ella entregó a la Fiscalía, con nombres y fotografías, señala que la orden del magnicidio de Miguel Uribe Turbay presuntamente habría salido del Congreso de la República y que el dinero llegó desde Venezuela. Si eso se confirma, estamos ante el ataque más grave a la institucionalidad democrática en décadas: un senador y precandidato asesinado con participación o conocimiento de quienes juraron defender la Constitución desde estas mismas curules.

La Fiscalía tiene la obligación de abrir de inmediato esa línea de investigación y llegar hasta el final, sin contemplaciones ni protecciones políticas. No puede haber espacio para el encubrimiento ni para que el Congreso se convierta en refugio de quienes ordenan matar a sus propios colegas.

Colombia y esta corporación merecen saber quién dio la orden.

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— Simón Molina ♻️ (@simonmolinag) October 14, 2026