La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres señalados como presuntos responsables de participar en el homicidio de un ciudadano, ocurrido la noche del 7 de septiembre de 2025 en un establecimiento comercial del barrio Buenos Aires, en el oriente de Medellín.
Los procesados fueron identificados como Santiago Montoya Grisales, Víctor Alejandro Valencia Álvarez, Felipe Orozco Giraldo y José Eliber Giraldo Urrea. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, el hecho se habría originado luego de una discusión relacionada con la supuesta pérdida de un teléfono celular dentro del establecimiento, propiedad de Giraldo Urrea.
Según la Fiscalía, durante el altercado el propietario del negocio se habría comunicado con los otros tres procesados para solicitar ayuda. Posteriormente, Montoya Grisales, Valencia Álvarez y Orozco Giraldo, al parecer, llegaron armados al lugar y se produjo un intercambio de disparos en el que resultó muerto uno de los ciudadanos que se encontraba allí.
Las labores de policía judicial establecieron además que el teléfono cuya supuesta pérdida habría generado la discusión apareció posteriormente en la barra del establecimiento comercial.
Durante las audiencias preliminares, ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Santiago Montoya Grisales, Víctor Alejandro Valencia Álvarez y Felipe Orozco Giraldo. En el caso de José Eliber Giraldo Urrea, propietario del establecimiento, la medida de aseguramiento fue de carácter domiciliario.
Los cuatro hombres habían sido capturados por la Policía Nacional el pasado 27 de agosto, durante diligencias judiciales realizadas en los barrios Cataluña, El Salvador y Buenos Aires, en Medellín.
La investigación continuará para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los procesados. Por ahora, las personas judicializadas mantienen su presunción de inocencia y será la justicia la encargada de establecer su responsabilidad penal.

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