Defensoría del Pueblo rechaza paro armado del ELN y alerta impacto humanitario

La Defensoría del Pueblo emitió un enérgico pronunciamiento ante el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un paro armado de 72 horas que iniciaría el próximo 14 de diciembre en los territorios bajo su influencia. El organismo de control advirtió que esta medida, lejos de afectar exclusivamente a actores armados, impacta directamente a la población civil y vulnera derechos humanos básicos.

En su declaración, la Defensoría señaló que los “paros armados” son una forma de control territorial imposición de restricciones ilegítimas mediante amenazas, coerción y violencia que limitan la movilidad, el acceso a bienes y servicios esenciales y la vida cotidiana de las comunidades, especialmente en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

La entidad alertó que estas acciones pueden derivar —incluso antes de iniciarse— en confinamientos y desplazamientos forzados, al tiempo que obstaculizan el acceso a la salud, la educación y la seguridad alimentaria de miles de personas.

Aunque el ELN justificó el paro armado como una respuesta “política” a operaciones militares y presiones de seguridad, la Defensoría advirtió que el daño recae sobre comunidades vulnerables que no hacen parte del conflicto político, sino que son rehenes de las dinámicas violentas que este tipo de grupos perpetúan en amplias zonas del país.

Este pronunciamiento se da en medio de una escalada de violencia en varias regiones, como los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC que han dejado desplazamientos masivos, confinamientos y víctimas civiles durante 2025, así como secuestros prolongados que sólo recientemente terminaron con la liberación de 28 personas, incluidos menores de edad, gracias a la intervención humanitaria con apoyo de la Defensoría y la ONU.

Organismos de control y autoridades nacionales han insistido en que medidas como la anunciada por el ELN no pueden normalizar la imposición de un “estado de excepción” no declarado, y exigieron respuestas urgentes del Gobierno nacional para proteger derechos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.