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La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave crisis humanitaria que se vive en la subregión del Catatumbo, donde más de 78.000 personas han sido desplazadas forzosamente como consecuencia de la intensificación de la violencia armada en lo que va de 2025.
De acuerdo con el organismo de control, los desplazamientos masivos se han registrado principalmente en municipios como Tibú, El Tarra, Sardinata y Teorama, en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, generando un alto riesgo para la población civil y reiteradas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría advirtió que, además del desplazamiento, numerosas comunidades permanecen confinadas, con restricciones a la movilidad, dificultades para acceder a alimentos, atención médica y educación, y una creciente exposición a amenazas, hostigamientos y presencia de artefactos explosivos.
El informe también señala que las capacidades institucionales locales son insuficientes para atender la magnitud de la emergencia, lo que ha dificultado la respuesta humanitaria y el acompañamiento oportuno a las familias afectadas, muchas de las cuales han llegado a cabeceras municipales y ciudades como Cúcuta en busca de protección.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para fortalecer las acciones de asistencia humanitaria, garantizar la protección de los derechos fundamentales y prevenir nuevas afectaciones a la población civil.
Asimismo, reiteró su exigencia a los grupos armados ilegales para que cesen las hostilidades y respeten a la población civil, en una región que continúa siendo una de las más golpeadas por el conflicto armado en el país.
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