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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, respondió en un mensaje en su cuenta de X a los señalamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre una supuesta «asfixia institucional», defendiendo la propuesta de reasignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación 2027 como un acto de responsabilidad fiscal y exigiendo cuentas sobre los resultados del tribunal transicional.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026A través de un extenso pronunciamiento, De la Espriella argumentó que desde 2018 la JEP ha recibido más de tres billones de pesos del erario. En ese sentido, detalló que en 2025 se le asignaron $777 069 millones y en 2026 opera con $744 659 millones, mientras que para 2027 el proyecto de presupuesto le asignó $821 803 millones, frente a los $947 642 millones solicitados. «Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos», aseveró el mandatario.
El jefe de Estado cuestionó el volumen de los resultados judiciales en relación con el tamaño del aparato burocrático de la entidad. Criticó que las primeras decisiones restaurativas hayan llegado tardíamente en 2025 y señaló que en 2026 la nómina del tribunal alcanza los $404 477 millones. Asimismo, sostuvo que la gestión administrativa debe estar sujeta al control y la eficiencia, rechazando que se pretenda volver «intocable» la solicitud de recursos adicionales.
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El presidente enfatizó en que su prioridad es fortalecer la Rama Judicial ordinaria, la cual enfrenta un represamiento de millones de procesos con juzgados congestionados e infraestructura insuficiente. «No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables», afirmó.
Este pronunciamiento responde a la controversia suscitada por la propuesta del senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) —respaldada por el Ejecutivo— de trasladar $100 000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura para crear nuevos despachos ordinarios. Ante esto, la JEP había calificado la iniciativa como «el más grave ataque que ha sufrido la justicia transicional», advirtiendo graves afectaciones en la protección de víctimas y en su operación técnica, por lo que anunció que acudiría ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional.
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Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
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