Daddy Yankee conserva su nombre pero no su fortuna: tocó dividir por dos los 500 millones de dólares

Fotos: Redes sociales Daddy Yankee / Mireddys González.

Minuto30.com .- El proceso legal entre el ícono de la música urbana, Ramón Luis Ayala Rodríguez (Daddy Yankee), y su exesposa, Mireddys González, ha llegado a un punto sin retorno. Tras 29 años de matrimonio, la máxima instancia judicial de Puerto Rico rechazó el último recurso de apelación presentado por la defensa del artista, dejando en firme y de manera definitiva la orden de liquidar y dividir los bienes acumulados, los cuales ascienden a un patrimonio estimado en 500 millones de dólares.

Aunque la decisión sobre la división de la masa común de bienes ya no admite nuevas apelaciones, el proceso para determinar la distribución física y monetaria exacta se definirá en las siguientes etapas del litigio.

Propiedad exclusiva de las marcas

A pesar de la división general del patrimonio, las partes lograron un acuerdo significativo respecto a la identidad comercial del artista. El pasado 17 de junio, a través de una moción conjunta presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Mireddys González reconoció legalmente que las marcas asociadas a la carrera del cantante son de su propiedad exclusiva. Entre estas destacan:

«Daddy Yankee» y «DY»

«Barrio Fino»

«Legendaddy»

«Big Boss»

«Los Cangris»

«El Cartel»

Activos aún en disputa

El reconocimiento de las marcas no pone fin a la totalidad del pleito. La batalla legal se mantiene vigente y activa para definir la repartición de otros activos de gran valor que forman parte de uno de los patrimonios más grandes del entretenimiento latinoamericano, tales como:

Empresas conjuntas.

Negocios y contratos firmados antes de la oficialización del divorcio.

Derechos sobre las composiciones musicales creadas durante las casi tres décadas que duró la unión matrimonial.

Peticiones económicas inmediatas

Mientras se resuelven los pormenores de la repartición final, Mireddys González ha elevado una solicitud formal ante los tribunales exigiendo una compensación provisional de cinco millones de dólares, sumado a una asignación mensual, con el fin de solventar sus necesidades financieras inmediatas durante el transcurso de este proceso legal.