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Más de 100.000 reclusos en incertidumbre por cambio en la EPS encargada de su salud
Hay preocupación frente a la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (Fondo PPL) de adoptar un esquema de operador único para la prestación del servicio, ahora a cargo de la Nueva EPS.
La alerta fue emitida por la Defensoría de Pueblo, la cual se sustenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa esta EPS, advertida por la Procuraduría General de la Nación tras dos años de intervención, así como en el elevado número de acciones de tutela interpuestas en su contra durante el 2025.
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De acuerdo con la entidad humanitaria, la situación genera incertidumbre sobre su capacidad real para asumir la atención de más de 100.000 personas privadas de la libertad, una población que depende integralmente de la protección y cuidado del Estado para el ejercicio de sus derechos.
También advirtió sobre la importancia de una transición con estudios técnicos suficientes que presten garantías de continuidad asistencial y de una adecuada planeación, con la finalidad de evitar interrupciones de tratamientos, del suministro de medicamentos y de la oportunidad en la atención.
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Con el objetivo de velar por los derechos fundamentales de la población carcelaria, la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente en enero su inclusión en las mesas de decisión del Fondo PPL. Pese a que la solicitud fue debidamente sustentada por las delegadas competentes, a la fecha no se ha obtenido una respuesta oficial por parte del fondo.
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