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Las elecciones legislativas terminaron. Cerca de las diez de la noche, y gracias al preconteo, Colombia ya conocía un mapa general de cómo quedaron conformadas las bancadas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Sin embargo, allí, en algunos escaños, quedaron sentados varios políticos con serios cuestionamientos: algunos judiciales, otros sociales y de presunto uso de maquinarias políticas.
EL COLOMBIANO hace un recuento de algunos de los cuestionados que llegaron de nuevo al Congreso.
El 6 de marzo, solo dos días antes de las elecciones, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a David Racero a indagatoria para responder por el presunto delito de concusión. De hecho, justo hoy, 9 de marzo, tendrá lugar aquella conversación. A pesar de eso, Racero tiene asegurado un puesto en el Senado para el periodo 2026-2030.
El proceso judicial que adelanta la Corte busca esclarecer si el congresista habría utilizado de manera irregular a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para asuntos relacionados con ese negocio particular, así como si existieron presiones para que colaboradores realizaran consignaciones de dinero a sus cuentas.
Según informó la Sala de Instrucción, también se investigan las circunstancias en las que algunos funcionarios de la UTL habrían hecho transferencias con parte de su salario. En particular, el expediente analiza el papel de Jhon Leonardo García Lara, exintegrante del equipo legislativo de Racero, quien presuntamente habría realizado labores ajenas a sus funciones en el Congreso por solicitud del congresista.
¿Cuáles? Según audios revelados por el periodista Daniel Coronell, García habría terminado trabajando en un fruver de Racero. Las condiciones laborales eran precarias e injustas. Así lo reveló el mismo Racero en algunos audios que salieron a la luz.
Un salario mensual de un millón de pesos, sin prestaciones legales, para una jornada de trabajo de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a sábado. “No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, un día de descanso a la semana”, dijo Racero.
Y añadió: “Ellos tienen que hacer todo... son toderos”. Y es que, quien ocupara ese puesto debía operar la caja, limpiar baños, preparar pulpas de fruta, trapear pisos y organizar alimentos.
El nombre de Wilmer Carrillo encabeza dos titulares en este último mes: los más recientes celebran que el Norte de Santander mantuvo representantes en el Congreso para 2026-2030; los de hace tres semanas recuerdan que en su contra aún hay abierto un proceso en la Corte Suprema de Justicia por presunta responsabilidad en delitos como: tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Las investigaciones se remontan a los años 2016 y 2017. Según la premisa del caso, el congresista se habría acercado en aquel momento al entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, para influenciar uno de los nombramientos públicos que necesitaba el municipio de Ábrego: la directora del hospital regional.
Según el expediente, tras lograr el nombramiento, Carrillo habría direccionado contratos de suministro de gasolina e insumos médicos hacia la gobernación y habría, presuntamente, recibido dinero por ello. Además, según las indagaciones de la Corte Suprema, Carrillo habría impulsado a varias personas para llegar a cargos públicos, todo a cambio de que, presuntamente, le dieran un porcentaje del contrato.
La Sala Especial de Instrucción determinó que hay suficientes elementos para que el congresista Wilmer Carrillo sea llevado a juicio ante el alto tribunal. No obstante, precisó que esta decisión aún puede ser apelada por las partes involucradas. Una vez se resuelvan esos recursos y, en caso de que la determinación quede en firme, el proceso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.
El nombre de Didier Lobo, congresista de Cambio Radical, también está sobre los escritorios de la Corte Suprema de Justicia. Su caso se remonta hacia el periodo de 2011-2014, cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar. Durante ese tiempo, según la indagación preliminar, se registró un supuesto incremento patrimonial injustificado del congresista y su núcleo familiar.
El proceso se abrió en 2024, cuando llegó la denuncia. Y es que, según los documentos del caso, el aumento en los bienes y activos de Lobo y su familia no sería acorde con sus ingresos legítimos. El Alto Tribunal indaga si el excedente de dinero provino de ingresos relacionados con actividades ilícitas, puesto que Jagua de Ibirico es un municipio que obtiene millonarios ingresos por explotación de carbón.
La investigación adelantada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ha incluido varias líneas de indagación para esclarecer el origen de los bienes y movimientos financieros del senador. Entre las diligencias realizadas se encuentra el análisis de sus registros bancarios y los de su entorno familiar, en los que peritos forenses han detectado consignaciones en efectivo hechas por terceros cuya identidad aún no ha sido plenamente establecida.
También se examina un conjunto de propiedades vinculadas a una constructora que posee 12 lotes en un condominio y que, según documentos, registra activos que oscilan entre 7.296 y 14.000 millones de pesos.
Aunque los propietarios de la empresa han negado cualquier relación con el senador, las autoridades continúan verificando posibles vínculos.
Como parte del proceso, la Corte ha citado a declarar a personas relacionadas con el entorno financiero del congresista para determinar el origen de los recursos.
Dentro de estas actuaciones, el 4 de abril de 2025 el senador fue llamado a rendir indagatoria ante la Sala de Instrucción, donde se le preguntó por los depósitos en efectivo y por varias propiedades asociadas a su familia y a personas cercanas.
El congresista Lobo niega todo “rotundamente”, pero el proceso sigue abierto.
El congresista Wadith Manzur, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegará al Senado tras obtener más de 125.000 votos.
Al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Es investigado por los delitos de cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos.
La Corte analiza distintas pruebas, incluidos chats extraídos del celular de Benavides, que sugerirían intentos de comprar votos de miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso, instancia en la que Manzur tendría una influencia determinante.
Además, el congresista ha sido mencionado en las matrices de colaboración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, como uno de los parlamentarios que presuntamente se habrían beneficiado del entramado de corrupción.
El congresista ha rechazado las acusaciones y sostiene que los señalamientos en su contra buscan “generar caos para beneficiarse”. El hoy senador electo ha reiterado que “nunca” ha tenido relación alguna con López y que no ha hecho parte del entramado de corrupción “del cual él es responsable”.
Según afirmó, tiene la “plena certeza” de que el exdirector de la entidad “le miente al país” y que con sus acusaciones “pretende generar caos, construir su principio de oportunidad y no pagar ni un solo día de cárcel”.
Martha Peralta logró salir elegida para el Senado en representación de la Circunscripción Nacional Indígena. Sin embargo, su celebración se vio opacada por ciudadanos e internautas que no olvidan la mención de su nombre en los testimonios clave del entramado de corrupción de la UNGRD.
La audiencia de imputación de cargos contra los eximinstros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó al descubierto la presunta participación de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) en la repartija de contratos en el Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Este lunes la Fiscalía les imputó a los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Lo que ambos comparten en común, además del proceso, es que en varios de sus testimonios han mencionado a Peralta.
En la audiencia del 1 de diciembre de 2025, el ente investigador señaló que el exministro Velasco ordenó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistir al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023 y ofrecer contratos a congresistas para ampliar las mayorías que tenían para aprobar ese proyecto.
La imputación sostuvo que ese día López se reunió con la senadora Martha Peralta, quien coordinaba la estrategia del Gobierno, y acordó gestionar proyectos dentro de la Unidad para beneficiar a congresistas.
La Fiscalía afirmó que la congresista también pidió direccionar contratos hacia varios congresistas de la coalición de Gobierno que reclamaban mayor participación. De estas instrucciones surgieron cuatro proyectos por más de $12.395 millones en varios municipios.
Otro episodio expuesto por la Fiscalía ocurrió en junio de 2023, cuando, según el ente acusador, Luis Fernando Velasco le ordenó a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, apoyar la aprobación de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado.
Para cumplir esa instrucción, López debía asistir a uno de los debates y ofrecer contratos a parlamentarios con el fin de ampliar las mayorías del Gobierno. También aseguró que debía ponerse a disposición de la senadora Martha Peralta, quien lideraba la estrategia para garantizar el “sí” a la reforma.
El 13 de junio de 2023, López afirmó que asistió al debate y acordó con Peralta gestionar proyectos dentro de la UNGRD que beneficiaran a congresistas de esa comisión.
Peralta ha sostenido su inocencia durante todo este tiempo, pero las indagaciones continúan.
El senador Álex Flórez es objeto de una investigación penal en la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos relacionados con presunto lavado de activos, concusión y posibles irregularidades en documentos. El expediente está bajo la responsabilidad de la magistrada Cristina Lombana desde el 2024, y será ella quien deberá adelantar la etapa de indagación previa a una eventual indagatoria del congresista.
Flórez llegó al Senado por primera vez en 2022 dentro de la lista cerrada del movimiento político liderado por Gustavo Petro y ha sido cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Ahora, en 2026, se prepara para otros 4 años legislativos, pero lo persiguen varios señalamientos.
Las indagaciones del alto tribunal se centran en la financiación de la campaña con la que el hoy senador obtuvo su curul del actual periodo (2022). Los investigadores buscan establecer si, antes de las elecciones legislativas de aquel año, el entonces concejal de Medellín (en 2021) habría pedido aportes económicos a personas vinculadas con contratos públicos del municipio para respaldar su aspiración política.
La Corte también examina otras posibles inconsistencias relacionadas con la forma en que se obtuvieron o registraron recursos durante ese proceso electoral.
Paralelamente, el congresista ha estado involucrado en otros episodios que han generado controversia.
La Corte anunció una investigación por un caso de presunta violencia intrafamiliar: aunque su expareja Johanna Peláez difundió un video en el que rechazó haber sido víctima de agresiones y afirmó que tanto ella como el senador estarían siendo utilizados en medio de presiones políticas, actores del caso aseguran que tienen pruebas de la situación.
Flórez ha rechazado ambas investigaciones.
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