Contraloría advierte reducción del 83 % en recursos para evitar el reclutamiento de menores

La entidad reporta además que más de $3.600 millones de pesos asignados para la prevención en años anteriores no fueron ejecutados

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La Contraloría General de la República presentó el informe “Desafíos Institucionales y Fiscales de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en Colombia”, en el cual analiza la inversión y la gestión del Estado para proteger a los menores de edad. El documento señala una disminución en los recursos económicos y debilidades operativas en los programas de prevención y atención.

De acuerdo con el organismo de control, el presupuesto de la CIPRUNNA, la instancia encargada de coordinar las acciones para evitar que los menores sean vinculados a grupos armados, pasó de $12.891 millones de pesos en el periodo 2019-2023 a $1.810 millones de pesos para el periodo 2024-2026. Esto representa una reducción del 83,8 % en los fondos asignados por el Estado.

Datos sobre el reclutamiento y la violencia
En el marco de un encuentro organizado por la entidad, diversos expertos y organizaciones como Save the Children, COALICO y la ONU compartieron datos sobre la situación actual de la infancia en el país. Los análisis presentados indican que en Colombia un menor de edad es reclutado por grupos armados cada 20 horas. Además, en lo que va del año 2026 se han confirmado 25 casos de reclutamiento, y las proyecciones del organismo estiman que, de mantenerse la tendencia actual, la cifra podría aumentar a 286 casos anuales para el año 2030. Asimismo, el informe recoge que durante el año anterior se registró el asesinato de 660 menores de edad en el territorio nacional.

Uso de redes sociales y entornos escolares
El informe técnico detalla que las dinámicas de los grupos armados para contactar a los jóvenes han cambiado. Actualmente, estas organizaciones utilizan plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook para publicar contenidos que ofrecen dinero, vehículos y un estilo de vida que resulta atractivo para menores en situaciones de vulnerabilidad económica o familiar. Por otra parte, el sistema de prevención identificó que 1.070 sedes educativas se encuentran bajo amenaza directa de reclutamiento y otras 2.500 escuelas presentan un nivel alto de riesgo por situaciones de violencia en sus alrededores.

Situación en las regiones y comunidades indígenas
El departamento del Cauca concentra el 44,2 % de los casos de reclutamiento forzado reportados en el país, afectando principalmente a 15 de sus municipios. La Contraloría constató que, aunque las autoridades locales incluyeron la prevención en sus planes de desarrollo, estas estrategias no cuentan con un presupuesto asignado para su ejecución.

El documento también resalta el impacto en la población nativa, señalando que el 50 % de los menores afectados en el Cauca pertenecen a comunidades indígenas. A su vez, se identificó que el 10 % de los niños indígenas que ingresan a los hogares de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras ser desvinculados del conflicto, regresa a los grupos armados.

Estado de la ejecución presupuestal y atención operativa
La Contraloría evaluó el funcionamiento de los servicios institucionales e identificó dificultades tanto en la ejecución del dinero como en la atención en el territorio. Del presupuesto asignado en el periodo anterior para la prevención del reclutamiento se dejaron de ejecutar $3.675 millones de pesos. En las visitas técnicas se encontró que más del 60 % de los equipos de trabajo para el restablecimiento de derechos están incompletos, lo que genera que los defensores de familia manejen cargas de entre 85 y 120 casos semanales.

En las zonas rurales o de difícil acceso, los trámites para proteger los derechos de los menores pueden tardar hasta 120 días. El informe también detectó fallas de registro en los programas de primera infancia del ICBF, donde constan 1.488 alertas en 2022 y 1.458 en 2024, pero solo un caso registrado durante todo el año 2023. Ante este escenario, la Contraloría solicitó a los ministerios, alcaldías y gobernaciones mejorar la coordinación entre los sectores de salud y educación, garantizar presupuestos estables a largo plazo y asegurar que los recursos se distribuyan en las zonas rurales del país.

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