Consultas presidenciales y reglas de juego

El artículo 107 de la Constitución Política que establece el tema de consultas dice así: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio“. Entonces, ante la claridad de la norma constitucional, resulta inconcebible que quien aspira a regentar los destinos del país sea el primero en desconocer la Carta Magna y que el Consejo Nacional Electoral haya tenido que recurrir a conjueces para adoptar la decisión que legalmente correspondía.

Con todo, la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), adoptada por seis votos y con la participación decisiva de dos conjueces, cerró una discusión que amenazaba con desnaturalizar por completo el mecanismo de las consultas interpartidistas: ningún candidato puede participar simultáneamente en dos consultas. La determinación es jurídicamente correcta y políticamente necesaria. Sin ese límite, las consultas habrían derivado en un mecanismo oportunista, diseñado para maximizar ventajas individuales y no para ordenar el sistema.

Con este fallo, Iván Cepeda decidió proceder a inscribir su candidatura presidencial. Es claro que no hubo vulneración de derechos ni persecución política, como algunos han intentado instalar en el debate público, sino la aplicación elemental de una regla básica de juego limpio.

De forma cuestionable, Gustavo Petro criticó lo resuelto por el CNE en relación con Iván Cepeda, en línea con otros sectores afines. Sin embargo, convertir cada decisión institucional adversa a los intereses personales en una denuncia política termina debilitando la credibilidad del propio gobierno. Defender reglas claras no es persecución; es democracia funcional.

Las consultas son un mecanismo imperfecto, pero indispensable, no por romanticismo democrático, sino porque en ellas se define, de manera anticipada, la verdadera correlación de fuerzas del país. A pesar del desorden que se ha generado, es altamente probable que de las consultas que se realizarán el 8 de marzo surja el próximo presidente de Colombia.

Las consultas cumplen funciones políticas claras: ordenan la competencia y reducen la dispersión electoral; otorgan legitimidad previa en un escenario de profunda desconfianza institucional; permiten medir músculo electoral real —no narrativas artificiales— y anticipan la gobernabilidad futura al demostrar si las coaliciones pueden sostener poder. Por eso generan resistencias. El desorden siempre beneficia a quienes apuestan a la confusión o instrumentalizan las consultas con miras a otras aspiraciones futuras.

En este contexto, la consulta de centro-derecha se perfila como la más robusta y con mayor potencial de votación, pese a los ataques provenientes tanto del oficialismo como de sectores interesados en desacreditar cualquier alternativa organizada.

Ayer vencía el plazo para inscribirlas, y la denominada Gran Consulta por Colombia quedó integrada por nueve aspirantes confirmados, con trayectorias diversas pero convergentes en una agenda de orden institucional, seguridad, crecimiento económico y corrección del rumbo del Estado: Vicky Dávila, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Alejandro Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán.

La fortaleza de esta consulta no radica en una uniformidad ideológica inexistente, sino en su capacidad de canalizar el voto opositor de forma organizada, con liderazgos reconocibles y estructura territorial. Aun con diferencias internas, hoy constituye el bloque con mayor posibilidad real de movilización electoral.

Paralelamente avanza la consulta impulsada por Claudia López y Leonardo Huerta, que busca consolidar un espacio de centro con énfasis en gestión y lucha contra la corrupción. Denominada Consulta de las soluciones, es una apuesta legítima, aunque enfrenta un problema estructural: la dificultad histórica del centro para diferenciarse con claridad en un escenario crecientemente polarizado. Además, entre los dos contendientes ¿en realidad existe competencia para aspirar al solio presidencial?

Llama particularmente la atención la no participación de Abelardo de la Espriella en las consultas presidenciales, una posición que merece ser examinada con rigor. En un escenario donde las consultas se han convertido en el principal mecanismo de legitimación política y de medición real de fuerzas, optar por quedarse al margen supone renunciar anticipadamente a visibilidad, estructura y validación electoral. Más allá del cálculo personal o del discurso antipolítico que suele acompañar esta decisión, la pregunta es inevitable: ¿no se trata de una equivocación estratégica en un momento en el que el sistema premia la competencia abierta y castiga las candidaturas solitarias? En política, la coherencia ideológica no siempre compensa la ausencia de músculo electoral, y el riesgo de quedar reducido a una candidatura testimonial —por sólida que sea la narrativa— es hoy más alto que nunca.

El panorama del denominado Frente por la Vida, con Roy Barreras como figura central, es inestable. Se retiraron Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, pero, una vez sorpresivamente lo permitió el Consejo Nacional Electoral, se sumó Daniel Quintero. El camaleonismo político de Roy Barreras vuelve a manifestarse en un proyecto que, según asesores externos contratados, busca generar alto impacto mediático de cara a una futura aspiración presidencial. Aunque no lo declare abiertamente, su pretensión de fondo parece ser desbancar a Iván Cepeda.

El Pacto Histórico realizó su consulta el 26 de octubre de 2025, resultando como ganador Iván Cepeda.

Es necesario indagar por el aumento en el valor de los votos válidos para la reposición estatal. Lejos de fortalecer la democracia, este esquema incentiva candidaturas artificiales, distorsiona el uso de recursos públicos y premia la fragmentación antes que la responsabilidad política. Este reconocimiento debe ser revisado a fondo y, en el futuro, abolido o reformado drásticamente.

Las consultas no están en crisis; en crisis está una dirigencia política que solo cree en las reglas cuando le garantizan ventaja. La deslegitimación sistemática del árbitro electoral, el recurso permanente al victimismo y la negativa a competir en igualdad de condiciones no son errores, son señales inequívocas de una vocación autoritaria. 

Colombia no necesita salvadores ni relatos épicos construidos sobre la mentira institucional. Necesita candidatos que empiecen a dar ejemplo de respeto por la Constitución, dispuestos a someterse a las reglas, aceptar límites y reconocer derrotas. La democracia no se defiende desde la trampa ni desde el grito, sino desde la competencia limpia. Quien no esté dispuesto a hacerlo, no merece gobernar.