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Una red delincuencial que operaba en distintos sectores de Medellín y que, según las autoridades, instrumentalizaba a niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío para actividades de mendicidad, terminó con la condena de siete de sus integrantes por parte de un juez penal de conocimiento.
La decisión se produjo tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que los procesados aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e instrumentalización de menores de edad.
Los condenados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.
De acuerdo con la investigación, la estructura delinquía en zonas de alta afluencia como El Poblado, además de otros puntos de la ciudad, donde utilizaban a menores de edad para solicitar dinero y elementos de primera necesidad a turistas nacionales y extranjeros. Entre los artículos solicitados se encontraban pañales, leche, alimentos y medicamentos, los cuales posteriormente eran comercializados para obtener ganancias.
Las autoridades establecieron que en la operación de la red participaban mujeres que recorrían las calles con bebés en brazos y portaban mensajes alusivos a necesidades básicas, con el fin de captar la atención de transeúntes. También se identificaron roles definidos dentro de la estructura, incluyendo la recolección, transporte y reventa de los productos obtenidos.
En el caso de Ana Lucía López Sánchez, las investigaciones señalaron que adquiría parte de los elementos entregados por ciudadanos en establecimientos comerciales y coordinaba su posterior comercialización. Por su parte, Wilfreddy Johan Godoy Villamizar cumplía funciones de transporte y distribución.
Según información recopilada por las autoridades, esta modalidad de explotación habría generado ingresos significativos para la organización, que además operaba de manera recurrente en puntos como la calle 10, Carpinelo, Santa Cruz, Boston, Parque Lleras y Provenza.
En el proceso investigativo, la Policía Nacional documentó múltiples hechos ocurridos entre 2024 y 2025, mediante labores de vigilancia, entrevistas, interceptaciones y seguimiento a la actividad de los implicados.
Una juez penal de conocimiento avaló los preacuerdos y profirió las condenas, que oscilan entre 24 y 39 meses de prisión, según la participación de cada uno en los hechos investigados.
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