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La inminente firma del contrato para adquirir 18 aviones de combate Gripen de la sueca Saab vuelve a ser tema nacional. Aunque el Gobierno presentó el decreto 1001 y el Conpes 4155 para respaldar la operación, analistas cuestionan que las aeronaves serán ensambladas en Brasil y advierten sobre retrasos y dependencia logística.
El negocio, estimado en más de 16 billones de pesos, busca reemplazar la flota de Kfir, en servicio desde hace más de 35 años. Incluye entrenamiento, infraestructura y transferencia tecnológica. El esquema contractual incorpora además un paquete de “offset” o compensaciones industriales que deberán representar al menos el 10 % del valor del contrato, conforme a la nueva normativa expedida el 18 de septiembre.
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Entre los críticos más visibles está Sergio Araujo, quien sostiene que reproducir el modelo brasileño podría dejar a Colombia sin flota operativa en el corto plazo. Recuerda que Brasil, tras firmar un contrato por más de 60 aeronaves, lleva una década esperando la entrega completa de los Gripen y aún no recibe la mayoría. “Si Brasil tiene atrasos tan grandes, ¿qué garantías tiene Colombia de recibir a tiempo los suyos?”, planteó en X.
El gobierno Petro acaba de expedir un decreto con el propósito de concretar la negociación con @Saab de Suecia para adquirir 18 aviones Gripen para la @FuerzaAereaCol
Es preciso saber que el contrato de Brazil con esa misma empresa para adquirir 60 aviones, 10 años después solo… pic.twitter.com/7spBl5o2lx
El analista también advierte sobre la dependencia estratégica: no solo el ensamblaje, sino también el mantenimiento y los repuestos estarían supeditados a la industria brasileña, sumando vulnerabilidad a la Fuerza Aérea, que ya opera otro sistema de armas fabricado en ese país.
Después de la carta de intención firmada por el gobierno del Reino de Suecia, y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado informo:
Los flota de aviones que se adquirirá, es completamente nueva, ultima tecnología, ya implementada en Brasil, y son…
El Gobierno defiende la operación afirmando que las compensaciones industriales traerán beneficios sociales y tecnológicos para Colombia. El decreto prevé que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Comercio definan proyectos prioritarios (desde transferencia tecnológica hasta capacitación de talento) para ejecutar con recursos complementarios al contrato principal.
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