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La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en el servicio de expedición de pasaportes. Se trata de una medida que permite a las entidades estatales contratar de forma directa e inmediata y así garantizar que se preste un servicio.
“El Ministerio les reitera a los colombianos, en el país y en el exterior, que el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional”, dijo la entidad en un comunicado.
La Cancillería también explicó que la contratación que se derive de esta figura estará limitada a lo “indispensable”, como el servicio de expedición de pasaportes y visa. Entretanto, inició la estructuración de un proceso de licitación pública para atender la necesidad de manera permanente.
La noticia se conoce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara las solicitudes de aclaración presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
Mientras, el Tribunal mantuvo vigente la medida cautelar que suspendió provisionalmente el nuevo modelo de producción y expedición y pasaportes, que llegó tras una lucha permanente del gobierno de Gustavo Petro con la firma Thomas Greg & Sons, que producía los documentos desde hace años.
En ese sentido, la decisión judicial consideró que una providencia del 3 de septiembre era suficientemente clara en cuanto al alcance de esa medida cautelar. Por ende, no había lugar a modificar ni precisar sus efectos.
Después de la decisión del 3 de septiembre, la Cancillería acudió nuevamente al Tribunal para pedir precisiones sobre la forma en que debía continuar la expedición de pasaportes mientras permanece suspendida la ejecución de esos instrumentos.
Hay un detalle clave. La Cancillería pidió permiso al Tribunal para usar las libretas que ya están en inventario, listas para ser personalizadas, pero este respondió que ese punto ya estaba resuelto.
La entidad también planteó inquietudes sobre la personalización, suministro y distribución de esas libretas. La respuesta del Tribunal fue que esas definiciones no corresponden al juez dentro del alcance de la medida cautelar.
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Según la providencia, no le corresponde sustituir a la administración en la planeación, dirección o ejecución de las medidas que considere necesarias para enfrentar la situación.
En otras palabras, la decisión judicial mantiene la suspensión, pero deja en manos del Gobierno la búsqueda de los mecanismos administrativos, contractuales, presupuestales o logísticos necesarios para garantizar que los colombianos sigan recibiendo sus documentos.
Por ahora, hay un colchón cercano a los 600.000 pasaportes, mientras la contratación de emergencia por la urgencia manifiesta apenas empieza.
La decisión del 3 de septiembre se produjo dentro de una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional.
El demandante cuestionó el esquema adoptado para la producción, personalización, custodia y distribución de las nuevas libretas y planteó una posible afectación de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos.
Al estudiar la solicitud de medida cautelar, el Tribunal señaló preliminarmente inconsistencias en la información entregada sobre la ejecución del nuevo modelo.
Entre los elementos mencionados estuvieron cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios y ausencia de soportes suficientes sobre aspectos como infraestructura, personal y avances de la operación.
La suspensión, sin embargo, no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de los convenios. Se trata de una medida cautelar adoptada mientras avanza el proceso judicial.
Con la aclaración negada, la medida cautelar permanece vigente y el Gobierno deberá definir cómo mantiene la operación del sistema de pasaportes más allá de los mecanismos de urgencia manifiesta.
La controversia de fondo continúa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Allí deberá establecerse si las actuaciones cuestionadas vulneraron los derechos colectivos invocados en la acción popular y cuál será, finalmente, el futuro jurídico del esquema implementado para la expedición de los nuevos pasaportes.
La decisión de este jueves, por ahora, no cambia la obligación de garantizar el servicio a los ciudadanos, pero sí mantiene congelado el núcleo contractual que está bajo cuestionamiento judicial.
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