Camacol anunció que demandará decreto del Gobierno que sube aranceles al acero en un 35%

El sector constructor volvió a encender las alarmas. En medio de un panorama ya golpeado por el aumento en tasas de interés y el alza del salario mínimo, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció que demandará el decreto del Gobierno Nacional que eleva los aranceles a importaciones de acero y otros insumos clave, al considerar que la medida presionará aún más los costos de la vivienda en el país.

El anuncio lo hizo Guillermo Herrera, presidente del gremio, durante el Foro Económico Sectorial realizado este 19 de marzo en Plaza Mayor, en Medellín, donde advirtió que “la decisión carece de soporte técnico y podría agravar la desaceleración del sector”.

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Según explicó Herrera, el incremento desmesurado del salario mínimo, por encima de la inflación, ya venía generando un impacto importante en la estructura de costos de la construcción. Solo por este factor, los costos directos de edificar vivienda podrían aumentar entre 10% y 15%.

Esto se debe a que la mano de obra representa cerca del 20% del costo total de construcción, e incluso puede llegar al 30% dependiendo del tipo de proyecto y sistema constructivo.

Pero el problema no se queda ahí. A esto se suma el encarecimiento de materiales e insumos, que también están reflejando presiones al alza. De acuerdo con Camacol, en los primeros meses del año ya se evidencian incrementos atípicos en varios productos de la cadena de suministro, con variaciones superiores al 1% mensual e incluso casos que superan el 11%.

“Si esa tendencia se mantiene, algunos insumos podrían cerrar el año con aumentos por encima del 12%, es decir, el doble de la inflación esperada”, advirtió Herrera.

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En este contexto, el nuevo decreto del Gobierno añade una presión adicional. La medida contempla un aumento de aranceles —del 5% o 10% hasta el 35%— a productos importados de países sin tratados de libre comercio con Colombia, incluyendo acero y algunas subpartidas como baldosas.

El hierro y el acero, que representan cerca del 16,3% de los costos directos de una vivienda, enfrentarán incrementos que podrían elevar estos costos en 3,9% y traducirse en un aumento cercano al 2,2% en el precio final de la vivienda. A esto se suma el efecto adicional de los productos cerámicos.

“¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, cuestionó Herrera.

Uno de los puntos más sensibles es el de las barras corrugadas de acero, un insumo fundamental en la construcción, que representa cerca del 11% del costo directo de una vivienda.

Para Camacol, este incremento tendrá un efecto directo sobre el precio final de los proyectos.

“Es una política improvisada, mal calculada y sin soporte técnico”, aseguró el presidente del gremio, al tiempo que confirmó que la decisión de demandar el decreto ya fue tomada por la junta directiva.

El gremio también cuestionó la visión del Gobierno sobre la rentabilidad del sector. Mientras el Ejecutivo ha señalado que las constructoras manejan márgenes cercanos al 30%, Camacol asegura que la realidad es muy distinta.

Con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades, el análisis de 1.200 empresas muestra que más de la mitad tiene márgenes netos inferiores al 2,5%, y el 63% no supera el 5%.

Esto implica que muchas compañías no tienen capacidad para absorber nuevos incrementos en costos, lo que terminaría trasladándose al precio de la vivienda o frenando nuevos proyectos.

Adicionalmente, el gremio también cuestionó el impacto de la medida en el empleo. Mientras el Gobierno busca proteger cerca de 50.000 puestos de trabajo en la industria siderúrgica, el sector edificador ya ha perdido más de 136.000 empleos.

Esto resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que la construcción genera más de un millón de empleos directos en el país.

“Seguir encareciendo la producción de vivienda pone en riesgo la recuperación del empleo en uno de los sectores que más trabajo genera”, advirtió Camacol.

El impacto no solo se sentiría en la oferta de vivienda nueva. Herrera advirtió que el deterioro en las condiciones económicas ya está reduciendo el acceso de los hogares a la vivienda formal.

Antes del actual Gobierno, siete de cada diez hogares podían acceder a vivienda formal. Hoy, esa proporción se ha reducido a cuatro de cada diez.

Esto, según el gremio, termina generando efectos en cadena: más hogares permanecen en arriendo, aumenta la demanda por alquiler y se presionan los precios en este mercado.

Más allá de los costos, Camacol puso sobre la mesa un problema estructural: el crecimiento de la informalidad urbana.

Colombia necesitará más de 4 millones de viviendas en los próximos 10 años, impulsado por la reducción en el tamaño de los hogares. Actualmente, el 46% está compuesto por una o dos personas.

Sin embargo, si no se generan condiciones para el desarrollo de vivienda formal, el país podría enfrentar un aumento en los asentamientos informales. Según datos citados por el gremio, cerca del 12% de los hogares ya vive en estas condiciones.

“La gran pregunta es cómo le vamos a ganar la carrera a la informalidad urbana”, concluyó Herrera.