Cae red señalada de apropiarse de subsidios destinados a víctimas del conflicto y desplazados en Antioquia y Córdoba

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la desarticulación de una presunta estructura delincuencial señalada de apropiarse de manera irregular de recursos destinados a subsidios para víctimas del conflicto armado, población desplazada y beneficiarios de programas sociales en Medellín, Antioquia, y Montería, Córdoba.

Según el ente investigador, la organización habría utilizado información personal y credenciales de los beneficiarios para acceder de forma indebida a sistemas informáticos, suplantar identidades y retirar los recursos asignados por diferentes programas de asistencia estatal.

De acuerdo con la investigación, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte sería el presunto cabecilla de la estructura. Las autoridades indicaron que, al parecer, suministraba datos de los beneficiarios, definía los montos a reclamar y coordinaba el retiro de los dineros.

La Fiscalía señaló que durante las indagaciones fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos. En estos hechos, María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente habrían accedido a bases de datos y utilizado registros biométricos ajenos o irregulares para gestionar desembolsos que superarían los 116 millones de pesos.

Asimismo, la investigación estableció que parte de los recursos obtenidos habría sido transferida a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los demás involucrados tendrían funciones relacionadas con la suplantación de identidad, el cobro de subsidios, la coordinación de puntos físicos para los retiros y los procesos de verificación de identidad.

Durante los procedimientos de captura de las 11 personas vinculadas al caso, unidades de la Policía Nacional incautaron ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.

La Fiscalía informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cinco de los procesados, mientras que otras cinco personas deberán cumplir la medida de aseguramiento en sus lugares de residencia. El proceso judicial continúa para determinar las responsabilidades correspondientes.