
Los cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí y vinculados al proceso de paz urbana con el Gobierno nacional reconocieron su responsabilidad tras la polémica parranda realizada dentro del penal, en medio de la cual se evidenció el ingreso de licor, alimentos y presentaciones musicales.
A través de un comunicado, los voceros señalaron que asumen una “responsabilidad política” por lo ocurrido y ofrecieron disculpas, al tiempo que reconocieron que estos hechos afectaron la confianza en el proceso y generaron un impacto negativo en la opinión pública. Asimismo, solicitaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro reactivar los espacios de diálogo que fueron suspendidos tras el escándalo.
El caso generó una fuerte reacción institucional. Tras conocerse los hechos, el Gobierno nacional decidió congelar los acercamientos con estos grupos, calificando la situación como inaceptable dentro de los principios del proceso de paz urbana.
La polémica también derivó en medidas administrativas al interior del sistema penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) removió al director del centro carcelario y abrió investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios que estaban de turno, luego de confirmarse irregularidades en los controles del establecimiento.
Este episodio se suma a la crisis que enfrenta la política de “paz total”, luego de que incluso se suspendiera temporalmente la mesa de diálogo con estos cabecillas, considerada una de las principales apuestas del Gobierno para reducir la violencia urbana en el Valle de Aburrá.

hace 3 semanas
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