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Una polvareda se desató a raíz de la rumba a todo dar, con todo y artistas de alto nivel, que se celebró en el pabellón de la cárcel de Itagüí donde están recluidos los jefes de bandas delincuenciales que han participado en los diálogos con el Gobierno Nacional.
El Inpec informó en un comunicado que el director regional de esa institución visitó directamente el penal y dispuso el cambio inmediato del director encargado del establecimiento carcelario, así como el traslado del comandante de vigilancia.
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La denuncia sobre la insólita fiesta la hizo la exfiscal y concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, en sus redes sociales.
En conversación con EL COLOMBIANO, la corporada indicó que, según información que obtuvo de primera mano, la rumba en la cárcel de Itagüí ocurrió este miércoles, 8 de abril, desde las horas de la mañana. Para ella fue contratado el artista vallenato Nelson Velásquez, pero también habría estado el cantante Luis Posada. Otras versiones hablan de que asistió además una cantante de música popular.
La celebración fue por lo alto, con licor en abundancia y habrían contratado meseros, hasta servicio de catering y se rumora, incluso, que habrían entrado prostitutas al penal.
“La organizaron los que están sentados en la mesa de diálogos con el Gobierno, no se sabe qué estaban celebrando, porque se hizo en el pabellón de alta seguridad, que es donde están ellos supuestamente. Todos asistieron”, apuntó Carrasquilla.
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El costo total de la rumba habrían sido 500 millones de pesos que, de acuerdo versiones que han circulado, habrían sido financiados con una “vaca” que se hizo entre cabecillas de las organizaciones delictivas. Solo a Nelson Velásquez le habrían pagado cien millones de pesos.
También, de acuerdo con Carrasquilla, los organizadores habrían aprovechado que el director de la cárcel estaba en su día de descanso y que habría quedado como encargado un mayor de apellido Cipriano, quien habría sido el mismo que estaba a cargo de la vigilancia el 21 de junio del año pasado, el día del famoso “tarimazo”, en que nueve capos de las bandas salieron para un acto en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín, para un acto con presencia del presidente Gustavo Petro.
También se habrían aprovechado de la gabela que tienen estos jefes delincuenciales como voceros ante el proceso de ‘Paz total’ de permitirles la entrada de tres visitantes por cada uno los días miércoles. De esa manera se habrían reunido cerca de cien personas.
Tras la visita del director regional del Inpec al penal, según Carrasquilla, el mismo día de los hechos, se habría constatado que había personas en estado de alicoramiento.
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“Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”, aclaró el Inpec en el comunicado en el que anunció que abrieron investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio durante los hechos que ahora son materia de investigación y que se autorizó la intervención de grupos especiales al pabellón de alta seguridad.
EL COLOMBIANO consultó a la senadora Isabel Zuleta, quien es la designada por el gobierno Petro para facilitar el proceso de diálogo con las bandas del Valle de Aburrá, para conocer su posición y esta respondió: “Absoluto rechazo”. Al pedirle que especificara si el rechazo era a la fiesta o a la acción de las autoridades añadió: “Rechazo a los funcionarios que permitieron esto” y luego anunció que en las próximas horas la delegación oficial emitirá un comunicado.
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