El informe revela deficiencias en alimentación de más de 7.000 internos
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la contratación del servicio de alimentación en el centro penitenciario El Pedregal, en Medellín, tras identificar graves deficiencias en la prestación del servicio.
Según un informe preventivo, se habrían presentado fallas reiteradas en la calidad, cantidad, entrega y condiciones sanitarias de los alimentos, lo que estaría afectando la salud de más de 7.000 personas privadas de la libertad.
El organismo de control advirtió que estas irregularidades podrían tener repercusiones disciplinarias, fiscales y penales, dado que se trata de un servicio público esencial que debe garantizar condiciones dignas.
El informe también resaltó que las fallas en la alimentación no solo vulneran el derecho a la salud, sino que ponen en riesgo derechos humanos fundamentales de la población carcelaria.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Procuraduría trasladó el caso a la Fiscalía, la Contraloría y a su propio eje disciplinario para coordinar acciones y determinar responsabilidades.
El Ministerio Público aseguró que mantendrá el seguimiento permanente y reiteró que la garantía de derechos humanos debe prevalecer incluso en contextos de reclusión.
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