166 muertos y miles de familias desplazadas: el saldo de un año de guerra en el Catatumbo

Hace exactamente un año, el 16 de enero de 2025, estalló en el Catatumbo (Norte de Santander) una ofensiva armada que escaló rápidamente hasta convertirse en una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en Colombia. Ese día, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzaron ataques simultáneos contra disidencias del Frente 33 de las extintas FARC en varios municipios de la región, incluidos Tibú, El Tarra, Convención y Teorama.

Según el más reciente informe del Puesto de Mando Unificado, desde entonces al menos 91.726 personas han salido desplazadas en busca de seguridad en cascos urbanos como Tibú, Ocaña y Cúcuta, aunque muchas se han visto obligadas a regresar por las dificultades para acceder a atención integral.

La guerra prolongada entre estas fuerzas armadas ilegales ha dejado cifras alarmantes: al menos 166 homicidios confirmados, de los cuales 147 corresponderían a civiles, aunque defensores de derechos humanos sugieren que el número real podría ser considerablemente mayor.

La violencia ha provocado también confinamientos en territorios rurales; en El Tarra, por ejemplo, al menos 283 personas permanecen atrapadas en medio de los combates, sin posibilidad de desplazarse libremente.

Además, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el aumento del reclutamiento forzado de menores de edad y jóvenes por parte de grupos armados en la zona, un fenómeno que intensifica la urgencia de una respuesta estatal efectiva.

Pese a que el Gobierno Nacional declaró emergencia económica y estado de conmoción interior en la región, la Corte Constitucional anuló los decretos, lo que ha complicado la asignación de recursos y la implementación de estrategias de atención integral para las comunidades afectadas.

Líderes locales y representantes de la Iglesia Católica han pedido con urgencia mayor presencia estatal para garantizar seguridad, acceso a servicios básicos y soluciones duraderas que permitan que las familias desplazadas puedan regresar a sus territorios sin riesgo.

A un año de iniciada esta confrontación entre grupos armados ilegales, la población civil continúa cargando con las peores consecuencias, mientras la violencia persiste y las rutas hacia la paz y la estabilidad en el Catatumbo siguen siendo inciertas.